El adolescente Patricio Rojas conoció de improviso la necesidad de normar el cierre de piques mineros que ya no representan rentabilidad para una compañía. Y es que este joven de 15 años transitaba como todos los días por el sector de El Pangue, localizado a 50 kilómetros de Canela en la provincia del Choapa, pero aquel acalorado día de verano de principios de año su vida daría un giro sin precedentes. Él mismo relata que nunca le había llamado la atención nada de ese polvoriento camino, pero esta vez había un objeto brillante que no pudo pasar por alto.
“En esa ocasión me detuve por curiosidad y apenas toqué el fulminante, explotó”, comentó acongojado. Y es que después de aquel accidente el menor perdió cuatro dedos de su mano por la irresponsabilidad de algún minero que creyó que el artefacto no causaría problemas a la ciudadanía. Craso error, pues son muchas las experiencias que relatan dramas por escurrimiento de relaves, exploración de lugares con escasas normas de seguridad y explotación de vetas abandonadas.
Debido a ello, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en conjunto con el Ministerio de Minería elaboraron en 1999 un anteproyecto para convertirlo posteriormente en ley para establecer la obligatoriedad al momento de dejar de explotar una franja metálica. Sin embargo, ha pasado mucha agua bajo el puente y la iniciativa se encuentra entrampada en el Congreso sin ver la luz durante los últimos diez años. Ante ese escenario ¿Estamos seguros en aquellos lugares donde existe un yacimiento inactivo?
Esa fue una de las interrogantes que se planteó en el XII Encuentro de Medio Ambiente que desarrolló el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en La Serena y al que asistieron importantes personalidades del ámbito público y privado.
Lo cierto es que cada uno expuso su punto de vista con respecto a la necesidad de introducirle observaciones a la ley y conformar mesas de trabajo con el fin de apurar su tramitación en ambas cámaras.
EL ROL DE LA CIUDADANÍA
Cuando a menudo se habla de cobre en los distintos foros internacionales es imposible que en alguna parte de esa alocución no se nombre Chile. Y es que pese a que hemos buscado en innumerables actividades ser los número 1, en la extracción del metal rojo, por lejos, nuestro país lleva la delantera. Escalones más abajo se encuentran Australia, Canadá y Estados Unidos. No obstante, la diferencia no se da en la explotación, sino que en el contexto legal en el que se desarrolla la actividad, pues estos últimos han implementado hace por lo menos veinte años estrictas normativas de cese de faenas.
¿Y Chile se preguntará usted? Lamentablemente y pese al potencial y a los años que lleva sacando metales no tiene una norma, lo que posterga al medio ambiente y prioriza una explotación que no hace miramientos con el entorno.
Si bien Canadá fue el primero de los países que promulgó una norma de estas características llamada “Guía para la rehabilitación de sitios mineros” y desarrollada por el Ministry of Northern Development and Mines en Ontario. Eso sí, el modelo más aplaudido es el australiano, ya que no sólo contempla el componente ambiental y físico, sino que integra a la comunidad y a los sindicatos de trabajadores.
Es precisamente esa estructura la que ha aplicado desde su arribo a territorio nacional la gigante BHP Billiton que tiene control de Cerro Colorado (Región de Tarapacá) y La Escondida (Región de Antofagasta). Su gerente de Medio Ambiente, Rodolfo Camacho, tiene claro a quiénes debe considerar. “Hay que saber quiénes son nuestros stakeholders, por lo que al momento de regular el término de faenas no puede dejarse afuera a los sindicatos de trabajadores de la mina y a la comunidad, pues nos estamos creando un problema a futuro”, señaló.
Con respecto a los elementos que cada vez tienen un papel preponderante en los estudios de impacto ambiental se cuenta el agua, suelo, aire y biodiversidad. “Acá no debe tomarse una matriz al momento de evaluar el cierre, sino que construirse en base al entorno particular donde está inmersa la faena. No sacamos nada con tener estándares que no corresponden a la realidad”, reafirmó Camacho.
Por ello, una de las conclusiones que se consensuó durante los dos días que se extendió el encuentro es que para que un cierre sea exitoso debe necesariamente ser caso a caso. “Hay que internalizar el hecho que cada cese de faenas debe contar con análisis de riesgo distintos tomando ciertos aspectos particulares”, precisó Juanita Galaz, consultora de M&MA. A esto se suma la postura de Rodolfo Camacho, quien agregó que “las personas son distintas y reaccionan de manera diferente, por lo que debemos analizar esos factores”.
Es ese ejemplo el que ha llevado a cabo la gerencia de Minera Los Pelambres que anunció esta semana un plan de cierre para su tranque Los Quillayes. Ignacio Cruz, gerente general de la firma, estableció la nueva mirada de negocio y la manera de operar del brazo minero del grupo Luksic en la región. “La programación de cierre del tranque de relaves Los Quillayes se desarrolla en conjunto con comunidad, especialmente el pueblo de Cuncumén, ubicado en el valle alto de Salamanca”.
LOS OBSTÁCULOS PARA LAS EMPRESAS
El director nacional de Sernageomin, Alejandro Vío, está consciente de la demora que ha sufrido el proyecto lo que ha significado que haya muchos lugares en el país que se han convertido en una bomba de tiempo para muchas personas. De hecho, en una medición a nivel nacional ocurrida en 2005, de 665 puntos de extracción minera, sólo la mitad contaba con condiciones de cierre adecuadas. “Tomando en consideración ese peligro latente es que elaboramos esta ley que permite que las faenas cierren adecuadamente y que no revistan problemas para el medio ambiente o las personas”, acentuó.
Desde esa óptica, han sido varias las gestiones que se han hecho ante la Secretaría General de la Presidencia para que se le dé celeridad al proyecto ante el Poder Legislativo. “Sabemos de la demora, pero a esta iniciativa se le han hecho bastantes observaciones lo que la ha retrasado. Nuestra metas es que salga a la luz antes de que concluya el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet”, acotó Vío.
Para el ex presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, el senador PS Ricardo Núñez, la razón encubierta para que no se hayan experimentado avances en los últimos años radica en el mayor costo que implicaría para las empresas considerar dentro de su plan programático el término de las labores. “Una legislación moderna sobre cierre de faenas mineras necesariamente traerá aparejado costos para las empresas. Los pasivos ambientales mineros en muchas regiones son de una gran magnitud y su tratamiento –seguramente- será muy oneroso”, aseveró.
Un ejemplo evidente se da en Copiapó, donde los pasivos ambientales dejados por la compañía Sali Hochschild todavía están en el lugar, pese a que hace años no hay actividad extractiva. Para Juanita Galaz, la idea es que el valor de esta acción no sea una excusa y antes de la explotación haya una postura clara. “Los gastos efectuados en el cese no pueden ser cargados como costo de cierre, sino que como operación, por lo menos mientras no exista ley”, sentenció.
¿Están los privados incómodos ante un encarecimiento de sus operaciones? El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, es categórico para definir que cada empresa tiene su plan de cierre y que están llanos a aportar para que nuestro país tenga un reglamento moderno. “Es una necesidad y un deseo de la industria el avanzar en normativas que regulen el cierre. Como SONAMI hemos trabajado para consensuar en una normativa moderna y de normas claras, pero que no frene el desarrollo de la minería”, estipuló.
Ignacio Cruz de Los Pelambres deslegitimó el reparo monetario como una excusa para impedir la implementación de la norma, pues va de la mano con la política de sustentabilidad. “Tomamos la decisión de mirar nuestra operación en un sentido que hemos llamado implementación de sustentabilidad desde la compañía y donde queremos mirar desde fuera. Es decir, ponernos en los pies de la gente que pueda verse afectada por nuestro negocio”, expresó el ejecutivo, quien agregó que “cuando uno lo ve sus necesidades, prioridades y urgencias conoce la magnitud de las operaciones. Uno no gasta más, sino que lo justo y necesario, invirtiendo lo que corresponde en la comunidad para que se desarrolle junto con la compañía”.
Para Salas uno de los mayores obstáculos se ha generado en la superposición de competencias, lo que atenta contra la inversión privada, pues crea burocracia y papeleos innecesarios. “Como es ley hay que definir los ámbitos de competencia, duplicidad de actores y regulación del Estado para que no se superpongan (…) Necesitamos algo moderno y no burocrático”, comentó.
En todo caso y con estos antecedentes en la mano, más allá de las buenas intenciones y los reparos que aún rodean al proyecto, las palabras del ministro de Minería, Santiago González, cobran más importancia que nunca: “El plan de cierre es la principal herramienta del sistema que define medidas para que las empresas mineras logren un cierre de faenas ordenado, eficiente y oportuno dentro del marco jurídico vigente”. Así como la tierra les ha dado la riqueza a las compañías mineras, bueno sería que parte de esas utilidades las invirtieran en esta tácita, pero imprescindible materia prima.
UN EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD
Pese a que en Chile al momento de dar término a las funciones de extracción de minerales no existía ninguna ley que los obligase a armonizar, la minera canadiense Barrick Gold sentó un precedente al iniciar en 2002 su plan de término de operaciones de El Indio, ubicado en Vicuña. Rodrigo Rivas, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, incluso cerró la puerta a pirquineros del oro que pretendían explotar parte del metal que todavía se encuentra bajo tierra, pero que para la compañía del multimillonario Peter Munck ya no representa interés comercial. “El Indio hoy continúa con su plan de cierre y es imposible que se reabra”, indicó el ejecutivo, quien cifró el desembolso hasta la fecha en US$70 millones.
CRONOLOGÍA
1972: Se introduce en los códigos mineros el concepto de cierre de minas.
1983: Se realiza el primer plan de cese de faenas en Canadá.
1989: Se publica la “Guía para la rehabilitación de sitios mineros” en Canadá.
1999: Chile inicia la elaboración de un anteproyecto de ley para cierre minero.
2002: Barrick Gold comienza con el plan de término de operaciones de El Indio.
2010: Se espera que en el país se promulgue la ley de cese de faenas.
“En esa ocasión me detuve por curiosidad y apenas toqué el fulminante, explotó”, comentó acongojado. Y es que después de aquel accidente el menor perdió cuatro dedos de su mano por la irresponsabilidad de algún minero que creyó que el artefacto no causaría problemas a la ciudadanía. Craso error, pues son muchas las experiencias que relatan dramas por escurrimiento de relaves, exploración de lugares con escasas normas de seguridad y explotación de vetas abandonadas.
Debido a ello, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en conjunto con el Ministerio de Minería elaboraron en 1999 un anteproyecto para convertirlo posteriormente en ley para establecer la obligatoriedad al momento de dejar de explotar una franja metálica. Sin embargo, ha pasado mucha agua bajo el puente y la iniciativa se encuentra entrampada en el Congreso sin ver la luz durante los últimos diez años. Ante ese escenario ¿Estamos seguros en aquellos lugares donde existe un yacimiento inactivo?
Esa fue una de las interrogantes que se planteó en el XII Encuentro de Medio Ambiente que desarrolló el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en La Serena y al que asistieron importantes personalidades del ámbito público y privado.
Lo cierto es que cada uno expuso su punto de vista con respecto a la necesidad de introducirle observaciones a la ley y conformar mesas de trabajo con el fin de apurar su tramitación en ambas cámaras.
EL ROL DE LA CIUDADANÍA
Cuando a menudo se habla de cobre en los distintos foros internacionales es imposible que en alguna parte de esa alocución no se nombre Chile. Y es que pese a que hemos buscado en innumerables actividades ser los número 1, en la extracción del metal rojo, por lejos, nuestro país lleva la delantera. Escalones más abajo se encuentran Australia, Canadá y Estados Unidos. No obstante, la diferencia no se da en la explotación, sino que en el contexto legal en el que se desarrolla la actividad, pues estos últimos han implementado hace por lo menos veinte años estrictas normativas de cese de faenas.
¿Y Chile se preguntará usted? Lamentablemente y pese al potencial y a los años que lleva sacando metales no tiene una norma, lo que posterga al medio ambiente y prioriza una explotación que no hace miramientos con el entorno.
Si bien Canadá fue el primero de los países que promulgó una norma de estas características llamada “Guía para la rehabilitación de sitios mineros” y desarrollada por el Ministry of Northern Development and Mines en Ontario. Eso sí, el modelo más aplaudido es el australiano, ya que no sólo contempla el componente ambiental y físico, sino que integra a la comunidad y a los sindicatos de trabajadores.
Es precisamente esa estructura la que ha aplicado desde su arribo a territorio nacional la gigante BHP Billiton que tiene control de Cerro Colorado (Región de Tarapacá) y La Escondida (Región de Antofagasta). Su gerente de Medio Ambiente, Rodolfo Camacho, tiene claro a quiénes debe considerar. “Hay que saber quiénes son nuestros stakeholders, por lo que al momento de regular el término de faenas no puede dejarse afuera a los sindicatos de trabajadores de la mina y a la comunidad, pues nos estamos creando un problema a futuro”, señaló.
Con respecto a los elementos que cada vez tienen un papel preponderante en los estudios de impacto ambiental se cuenta el agua, suelo, aire y biodiversidad. “Acá no debe tomarse una matriz al momento de evaluar el cierre, sino que construirse en base al entorno particular donde está inmersa la faena. No sacamos nada con tener estándares que no corresponden a la realidad”, reafirmó Camacho.
Por ello, una de las conclusiones que se consensuó durante los dos días que se extendió el encuentro es que para que un cierre sea exitoso debe necesariamente ser caso a caso. “Hay que internalizar el hecho que cada cese de faenas debe contar con análisis de riesgo distintos tomando ciertos aspectos particulares”, precisó Juanita Galaz, consultora de M&MA. A esto se suma la postura de Rodolfo Camacho, quien agregó que “las personas son distintas y reaccionan de manera diferente, por lo que debemos analizar esos factores”.
Es ese ejemplo el que ha llevado a cabo la gerencia de Minera Los Pelambres que anunció esta semana un plan de cierre para su tranque Los Quillayes. Ignacio Cruz, gerente general de la firma, estableció la nueva mirada de negocio y la manera de operar del brazo minero del grupo Luksic en la región. “La programación de cierre del tranque de relaves Los Quillayes se desarrolla en conjunto con comunidad, especialmente el pueblo de Cuncumén, ubicado en el valle alto de Salamanca”.
LOS OBSTÁCULOS PARA LAS EMPRESAS
El director nacional de Sernageomin, Alejandro Vío, está consciente de la demora que ha sufrido el proyecto lo que ha significado que haya muchos lugares en el país que se han convertido en una bomba de tiempo para muchas personas. De hecho, en una medición a nivel nacional ocurrida en 2005, de 665 puntos de extracción minera, sólo la mitad contaba con condiciones de cierre adecuadas. “Tomando en consideración ese peligro latente es que elaboramos esta ley que permite que las faenas cierren adecuadamente y que no revistan problemas para el medio ambiente o las personas”, acentuó.
Desde esa óptica, han sido varias las gestiones que se han hecho ante la Secretaría General de la Presidencia para que se le dé celeridad al proyecto ante el Poder Legislativo. “Sabemos de la demora, pero a esta iniciativa se le han hecho bastantes observaciones lo que la ha retrasado. Nuestra metas es que salga a la luz antes de que concluya el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet”, acotó Vío.
Para el ex presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, el senador PS Ricardo Núñez, la razón encubierta para que no se hayan experimentado avances en los últimos años radica en el mayor costo que implicaría para las empresas considerar dentro de su plan programático el término de las labores. “Una legislación moderna sobre cierre de faenas mineras necesariamente traerá aparejado costos para las empresas. Los pasivos ambientales mineros en muchas regiones son de una gran magnitud y su tratamiento –seguramente- será muy oneroso”, aseveró.
Un ejemplo evidente se da en Copiapó, donde los pasivos ambientales dejados por la compañía Sali Hochschild todavía están en el lugar, pese a que hace años no hay actividad extractiva. Para Juanita Galaz, la idea es que el valor de esta acción no sea una excusa y antes de la explotación haya una postura clara. “Los gastos efectuados en el cese no pueden ser cargados como costo de cierre, sino que como operación, por lo menos mientras no exista ley”, sentenció.
¿Están los privados incómodos ante un encarecimiento de sus operaciones? El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, es categórico para definir que cada empresa tiene su plan de cierre y que están llanos a aportar para que nuestro país tenga un reglamento moderno. “Es una necesidad y un deseo de la industria el avanzar en normativas que regulen el cierre. Como SONAMI hemos trabajado para consensuar en una normativa moderna y de normas claras, pero que no frene el desarrollo de la minería”, estipuló.
Ignacio Cruz de Los Pelambres deslegitimó el reparo monetario como una excusa para impedir la implementación de la norma, pues va de la mano con la política de sustentabilidad. “Tomamos la decisión de mirar nuestra operación en un sentido que hemos llamado implementación de sustentabilidad desde la compañía y donde queremos mirar desde fuera. Es decir, ponernos en los pies de la gente que pueda verse afectada por nuestro negocio”, expresó el ejecutivo, quien agregó que “cuando uno lo ve sus necesidades, prioridades y urgencias conoce la magnitud de las operaciones. Uno no gasta más, sino que lo justo y necesario, invirtiendo lo que corresponde en la comunidad para que se desarrolle junto con la compañía”.
Para Salas uno de los mayores obstáculos se ha generado en la superposición de competencias, lo que atenta contra la inversión privada, pues crea burocracia y papeleos innecesarios. “Como es ley hay que definir los ámbitos de competencia, duplicidad de actores y regulación del Estado para que no se superpongan (…) Necesitamos algo moderno y no burocrático”, comentó.
En todo caso y con estos antecedentes en la mano, más allá de las buenas intenciones y los reparos que aún rodean al proyecto, las palabras del ministro de Minería, Santiago González, cobran más importancia que nunca: “El plan de cierre es la principal herramienta del sistema que define medidas para que las empresas mineras logren un cierre de faenas ordenado, eficiente y oportuno dentro del marco jurídico vigente”. Así como la tierra les ha dado la riqueza a las compañías mineras, bueno sería que parte de esas utilidades las invirtieran en esta tácita, pero imprescindible materia prima.
UN EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD
Pese a que en Chile al momento de dar término a las funciones de extracción de minerales no existía ninguna ley que los obligase a armonizar, la minera canadiense Barrick Gold sentó un precedente al iniciar en 2002 su plan de término de operaciones de El Indio, ubicado en Vicuña. Rodrigo Rivas, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, incluso cerró la puerta a pirquineros del oro que pretendían explotar parte del metal que todavía se encuentra bajo tierra, pero que para la compañía del multimillonario Peter Munck ya no representa interés comercial. “El Indio hoy continúa con su plan de cierre y es imposible que se reabra”, indicó el ejecutivo, quien cifró el desembolso hasta la fecha en US$70 millones.
CRONOLOGÍA
1972: Se introduce en los códigos mineros el concepto de cierre de minas.
1983: Se realiza el primer plan de cese de faenas en Canadá.
1989: Se publica la “Guía para la rehabilitación de sitios mineros” en Canadá.
1999: Chile inicia la elaboración de un anteproyecto de ley para cierre minero.
2002: Barrick Gold comienza con el plan de término de operaciones de El Indio.
2010: Se espera que en el país se promulgue la ley de cese de faenas.
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