La postura de la minera canadiense Teck, propietaria del 90% de Carmen de Andacollo, es clara: Sacar a como dé lugar el proyecto Hipógeno durante este 2009. Más allá que la iniciativa lleva años ultimando detalles, su puesta en marcha significará asegurar una vida útil de 20 temporadas, además de cuadruplicar la producción de 20 mil hasta 80 mil toneladas de cobre cada 365 días.
Pese a que el proyecto fue aprobado el 9 de abril de 2007 por la Corema, no ha estado exento de polémicas, toda vez que agricultores, residentes e incluso la sanitaria Aguas del Valle, quienes poseen derechos de aprovechamiento hídrico en el acuífero El Culebrón de Pan de Azúcar, han dicho en todos los tonos que el cambio en los puntos de captación desde Quebrada de Talca hasta esa zona de Coquimbo, mermaría la calidad del recurso y sobreexplotaría su extracción al contemplar 340 litros por segundo adicionales a los 500 litros por segundo que actualmente se demanda.
Por esta razón un grupo de empresarios del agro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de sentar un precedente. En materia sectorial otro de los aspectos pendientes es la posibilidad de cambiar, otra vez, el punto de extracción hasta los derechos que la minera también posee en el río Elqui. Eso sí, ambas prerrogativas se encuentran en estudio, lo que en nada interferiría en el inicio del proyecto pactado para el segundo semestre de este año.
Esto, porque durante las primeras dos temporadas sería El Culebrón la fuente hídrica, para seguir en paralelo con la construcción de las tuberías para movilizar el caudal, cuyo costo preliminar sería de US$20 millones. Estas obras adicionales a los US$336 millones que cuesta Hipógeno serán costeadas por Teck que hace unas semanas ya traspasó US$143 millones. Mientras tanto, la compañía está a la espera de los resultados del estudio de factibilidad para extraer agua desde Elqui Bajo, por lo que las decisiones están sujetas a lo que arroje esta investigación.
ASIENTEN PESE A FALTAS
Pese a que el proyecto fue aprobado el 9 de abril de 2007 por la Corema, no ha estado exento de polémicas, toda vez que agricultores, residentes e incluso la sanitaria Aguas del Valle, quienes poseen derechos de aprovechamiento hídrico en el acuífero El Culebrón de Pan de Azúcar, han dicho en todos los tonos que el cambio en los puntos de captación desde Quebrada de Talca hasta esa zona de Coquimbo, mermaría la calidad del recurso y sobreexplotaría su extracción al contemplar 340 litros por segundo adicionales a los 500 litros por segundo que actualmente se demanda.
Por esta razón un grupo de empresarios del agro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de sentar un precedente. En materia sectorial otro de los aspectos pendientes es la posibilidad de cambiar, otra vez, el punto de extracción hasta los derechos que la minera también posee en el río Elqui. Eso sí, ambas prerrogativas se encuentran en estudio, lo que en nada interferiría en el inicio del proyecto pactado para el segundo semestre de este año.
Esto, porque durante las primeras dos temporadas sería El Culebrón la fuente hídrica, para seguir en paralelo con la construcción de las tuberías para movilizar el caudal, cuyo costo preliminar sería de US$20 millones. Estas obras adicionales a los US$336 millones que cuesta Hipógeno serán costeadas por Teck que hace unas semanas ya traspasó US$143 millones. Mientras tanto, la compañía está a la espera de los resultados del estudio de factibilidad para extraer agua desde Elqui Bajo, por lo que las decisiones están sujetas a lo que arroje esta investigación.
ASIENTEN PESE A FALTAS
En la reunión informativa y de actualización de antecedentes concedida ayer en dependencias de la dirección regional de Conama a parlamentarios y autoridades de Coquimbo, y donde sólo asistió el concejal de la ciudad puerto, Miguel Ángel Cuadros, se hizo una revisión de los compromisos ambientales suscritos con la minera, quedando en evidencia que ciertos puntos aún están en la nebulosa.
El director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Marcelo Gamboa, precisó que varios compromisos no estarían al día. “Nos queda como tarea consultar a organismos ambientales para ver si se solicita un reporte más detallado”, sentenció.
Entre los “débitos” ambientales se cuenta dar continuidad y/o mejorar el instrumental de algún pozo de la red de monitoreo de aguas subterráneas y que posea registros históricos de referencia. Se agrega participar en las gestiones con miras a la organización de una comunidad de aguas subterráneas en torno al acuífero afectado, como un usuario más del sistema hidrogeológico y ser parte con su equipo técnico en apoyar un nuevo trazado de aducción de aguas para riego desde el río Elqui hasta el sector de Pan de Azúcar.
No obstante a estas falencias, hasta el momento ningún organismo técnico ha hecho una solicitud para iniciar procesos sancionatorios que pongan en riesgo los plazos estipulados por la compañía minera.
“Con lo que han entregado y cumplido están en condiciones de partir, ya que no hay mayores reparos al respecto”, sostuvo Gamboa.
Durante el encuentro que se extendió por dos horas también se analizó la petición realizada por dos interesados para que se recalificara y dejara sin efecto lo que respecta a los puntos de captación del vital elemento. Eso sí, la respuesta fue la misma expresada en su oportunidad por el director regional (S) de Conama, Marcelo Zepeda, en cuanto a que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento no considera la recalificación sometida a la evaluación correspondiente.
El concejal Miguel Ángel Cuadros reiteró que el proceso de evaluación fue viciado, pues la participación ciudadana no involucró el cambio de punto de captación desde Quebrada de Talca hasta Pan de Azúcar.
LA POSICIÓN DE LA DGA
El director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Marcelo Gamboa, precisó que varios compromisos no estarían al día. “Nos queda como tarea consultar a organismos ambientales para ver si se solicita un reporte más detallado”, sentenció.
Entre los “débitos” ambientales se cuenta dar continuidad y/o mejorar el instrumental de algún pozo de la red de monitoreo de aguas subterráneas y que posea registros históricos de referencia. Se agrega participar en las gestiones con miras a la organización de una comunidad de aguas subterráneas en torno al acuífero afectado, como un usuario más del sistema hidrogeológico y ser parte con su equipo técnico en apoyar un nuevo trazado de aducción de aguas para riego desde el río Elqui hasta el sector de Pan de Azúcar.
No obstante a estas falencias, hasta el momento ningún organismo técnico ha hecho una solicitud para iniciar procesos sancionatorios que pongan en riesgo los plazos estipulados por la compañía minera.
“Con lo que han entregado y cumplido están en condiciones de partir, ya que no hay mayores reparos al respecto”, sostuvo Gamboa.
Durante el encuentro que se extendió por dos horas también se analizó la petición realizada por dos interesados para que se recalificara y dejara sin efecto lo que respecta a los puntos de captación del vital elemento. Eso sí, la respuesta fue la misma expresada en su oportunidad por el director regional (S) de Conama, Marcelo Zepeda, en cuanto a que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento no considera la recalificación sometida a la evaluación correspondiente.
El concejal Miguel Ángel Cuadros reiteró que el proceso de evaluación fue viciado, pues la participación ciudadana no involucró el cambio de punto de captación desde Quebrada de Talca hasta Pan de Azúcar.
LA POSICIÓN DE LA DGA
El organismo técnico que ha salido en varias ocasiones a relucir en esta disputa ha sido la Dirección General de Aguas (DGA), que vela porque se cumplan las cuotas de extracción. A partir del estudio hidrogeológico realizado por la propia Carmen en cuanto al impacto que tendría el incremento de obtención hídrica en Pan de Azúcar, quedó de manifiesto que la regulación debía ser más profunda, ya que dejaba en evidencia el daño.
El director regional de la DGA, Carlos Galleguillos, tiene claro que el fin último es afectar los derechos de terceros. “No se puede descuidar el posible daño que se pueda generar a terceros. Para velar por ello, la DGA tiene herramientas suficientes”.
Uno de los cuestionamientos que se le había hecho a la entidad gubernamental es que a pesar de tener observaciones, de igual manera recomendaron la propuesta. Ayer en la reunión con Conama, fue la instancia adecuada donde, según Galleguillos, se “separaron aguas”.
“Hay que separar los escenarios, pues el proyecto que se presentó y evaluó ambientalmente fue el de la planta de proceso de Andacollo, lo que es muy distinto al abastecimiento hídrico”, señaló el personero.
Añadió que el titular del proyecto planteó varias opciones de explotación donde poseen derechos, “por lo que al cambiar esos puntos es responsabilidad de la empresa que determina la rentabilidad de la operación”.
En relación a la posibilidad de validar el comienzo de las faenas, Galleguillos también deslindó la responsabilidad a Carmen de Andacollo. “Desde el punto de vista ambiental hay conformidad, restando sólo un trámite sectorial que son los cambios en los puntos de captación, que no están concluidos y por los que hoy no podrían iniciar obras, salvo que lo hagan con los derechos constituidos en Pan de Azúcar que están respaldados por la legalidad”, expresó.
LUCHA HASTA EL FINAL
El director regional de la DGA, Carlos Galleguillos, tiene claro que el fin último es afectar los derechos de terceros. “No se puede descuidar el posible daño que se pueda generar a terceros. Para velar por ello, la DGA tiene herramientas suficientes”.
Uno de los cuestionamientos que se le había hecho a la entidad gubernamental es que a pesar de tener observaciones, de igual manera recomendaron la propuesta. Ayer en la reunión con Conama, fue la instancia adecuada donde, según Galleguillos, se “separaron aguas”.
“Hay que separar los escenarios, pues el proyecto que se presentó y evaluó ambientalmente fue el de la planta de proceso de Andacollo, lo que es muy distinto al abastecimiento hídrico”, señaló el personero.
Añadió que el titular del proyecto planteó varias opciones de explotación donde poseen derechos, “por lo que al cambiar esos puntos es responsabilidad de la empresa que determina la rentabilidad de la operación”.
En relación a la posibilidad de validar el comienzo de las faenas, Galleguillos también deslindó la responsabilidad a Carmen de Andacollo. “Desde el punto de vista ambiental hay conformidad, restando sólo un trámite sectorial que son los cambios en los puntos de captación, que no están concluidos y por los que hoy no podrían iniciar obras, salvo que lo hagan con los derechos constituidos en Pan de Azúcar que están respaldados por la legalidad”, expresó.
LUCHA HASTA EL FINAL
Han sido dos los empresarios que han reunido el sentir de la localidad agrícola de Pan de Azúcar en esta “cruzada” por defender su patrimonio hídrico: Carlos Erler y José Moreno. Fue precisamente el primero quien a mediados de febrero hizo pública su molestia con pronósticos apocalípticos. “No hay acciones, ¿esperamos que suceda el desastre? No corresponde. Los bombeos debieron empezar en febrero y lo harán recién a principios del segundo semestre”.
Agregó que “si no hay respuestas a nuestras cartas empezaremos a judicializar y nos movilizaremos para que nos escuchen”.
La comunidad de agua
Existe sólo un antecedente en Chile donde privados se han puesto de acuerdo para regular la obtención hídrica con estatutos y reglamentos consignados en el Código de Aguas y que se conoce como comunidad de aguas: En la cuenca del río Copiapó. Esta misma institucionalidad es la que desean implementar en Pan de Azúcar, no obstante, aún no hay acuerdo. Los agricultores reclaman que la toma de decisiones pasa por el número de derechos constituidos y donde la minera Carmen obtendría la mayor representación. Eso sí, la DGA aseguró que esa aprensión carece de fundamento, pues no sobrepasaría el 50%, quedando el resto entre agricultores y Aguas del Valle. “Además que como entidad técnica tendríamos la incidencia de seguir supervisando en caso de disenso”, dijo Carlos Galleguillos. La minera informó que ha motivado su creación, como la mejor manera de regular la extracción de agua desde un acuífero.
Agregó que “si no hay respuestas a nuestras cartas empezaremos a judicializar y nos movilizaremos para que nos escuchen”.
La comunidad de agua
Existe sólo un antecedente en Chile donde privados se han puesto de acuerdo para regular la obtención hídrica con estatutos y reglamentos consignados en el Código de Aguas y que se conoce como comunidad de aguas: En la cuenca del río Copiapó. Esta misma institucionalidad es la que desean implementar en Pan de Azúcar, no obstante, aún no hay acuerdo. Los agricultores reclaman que la toma de decisiones pasa por el número de derechos constituidos y donde la minera Carmen obtendría la mayor representación. Eso sí, la DGA aseguró que esa aprensión carece de fundamento, pues no sobrepasaría el 50%, quedando el resto entre agricultores y Aguas del Valle. “Además que como entidad técnica tendríamos la incidencia de seguir supervisando en caso de disenso”, dijo Carlos Galleguillos. La minera informó que ha motivado su creación, como la mejor manera de regular la extracción de agua desde un acuífero.
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