No lo previó ni lo tramó, pero sí vio una oportunidad para hacerle saber a la primera autoridad del país su posición con respecto a los efectos que en 90 personas y una cantidad indeterminada de niños había tenido a la exposición recurrente a pesticidas durante más de una década. Y es que para el presidente de la organización Elqui Sustentable, Justin Blau, el 29 de mayo pasado será difícil de olvidar, toda vez que en inglés, se superpuso al cerco policial compuesto por seis efectivos que no lo dejaban ni a sol ni a sombra para conversar por algunos minutos con la Presidenta Michelle Bachelet. En la ocasión, donde se inauguró una escuela y dos gimnasios en Paihuano, le hizo ver su preocupación por esta situación que alteraba la calidad de vida de menores de edad. El compromiso presidencial se hizo patente casi de inmediato. “Me preocupa la salud de los niños de esta comuna”, le dijo Bachelet a Blau, quien quedó relativamente conforme.
No obstante, siete meses después y cuando ya se ha iniciado la temporada exportadora de frutas a destinos internacionales como Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, el uso y a veces abuso de pesticidas ha hecho que el fantasma de la intoxicación vuelva a amenazar a quienes por años se han mantenido mudos.
Pero el miedo patronal, a los despidos, a la autoridad y a la ley está poco a poco llegando a su fin, luego que esta semana se interpusiera una demanda de indemnización por perjuicios a la salud de 90 personas por más de $9 mil millones en los tribunales de Vicuña. “Nos cansamos de tener que soportar que nuestros niños presenten vómitos, náuseas, dolores de cabeza y desmayos”, sostuvo Justin Blau.
Para llevar a cabo esta acción legal, Elqui Sustentable solicitó la asesoría legal a ByV Asociados, uno de los bufetes de abogados más reconocidos del país y que dentro de sus casos emblemáticos se encuentra la demanda contra el Estado por el mal servicio prestado por el Transantiago a 1.800 personas. El monto de esa demanda asciende a los $36 mil millones.
Junto con la acción emprendida en los tribunales de Vicuña, también se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, la que en menos de 24 horas fue acogida a tramitación por parte del órgano que administra la justicia a nivel regional, lo que implica que solicitó un informe al recurrido (demandado). “Los derechos de nuestros representados y los de muchos vecinos del sector que se han visto afectados por las acciones y omisiones negligentes del recurrido”, señaló el abogado Felipe Betancourt. Añadió que “el derecho a la vida y el vivir en un medioambiente libre de contaminación junto con el grave daño a la calidad de vida de estas personas amerita una pronta solución”.
EL CERRO DEL TERROR
El sol que a plena mañana se siente entremedio de las cuestas que nos llevan hasta la localidad de Monte Grande, dependiente de Paihuano, se hace casi irresistible dentro de un vehículo, donde el oasis se refleja en un par de helados de agua y las ventanas abajo casi por completo. Si el hecho de estar dentro de una camioneta es una travesía difícil de cumplir, el hecho que los alumnos se mantengan en sus aulas con 30º Celsius a la sombra durante noviembre y diciembre, resulta la mayor de las epopeyas.
Y no se trata de clases circunscritas a un espacio determinado, sino que a un espacio obligado, ya que durante la primavera, se intensifica la aplicación de agroquímicos que hacen recluirse a los estudiantes dentro de las paredes de sus salas. “Varias veces hemos tenido que cerrar las ventanas y las puertas para poder hacer clases”, confirmó una de las profesoras de la escuela Gabriela Mistral de Monte Grande, la misma donde la poetisa dio sus primeros pasos como pedagoga.
Incluso, hace algunos años fue tal el efecto de los plaguicidas esparcidos con pulverizadores que debieron tomar cuadernos, lápices y estuches e irse hasta la plaza de la localidad, porque la sensación era insostenible. “Ni siquiera las puertas cerradas fueron impedimento para que el aula se pasara y el aire se hiciera irrespirable”, reafirmó la instructora, quien prefirió mantener bajo reserva su identidad.
En todo caso y en virtud del acercamiento y preocupación que ha manifestado el administrador del predio, hace dos años que ya no se presentan vómitos ni desmayos, aunque los síntomas persisten. “Una vez vino uno de los encargados del campo y nos alertó de que habría fumigación, por lo que se tomaron los resguardos del caso. “Nuestra intención no es perjudicar las faenas agrícolas, sino que buscar consensos en cuanto a la aplicación. Ojalá se deje de lado aquellos pesticidas peligrosos y se ocupen aquellos con denominación natural”, explicó la pedagoga.
MALFORMACIONES
Si bien en Monte Grande son muy pocos los que están dispuestos a hablar, por el temor fundado en la dependencia patrón – empleado, es este lugar uno de los que más se ha visto afectado, toda vez que confluyen en él la mayoría de los casos emblemáticos. Esto porque dentro de esta estela de efectos humanos que, supuestamente han causado las fumigaciones (la responsabilidad final deberá ser determinada por los tribunales), se encuentran dos niños que nacieron con el ano cerrado. A pesar de que aún nadie ha podido demostrar que obedecen a una exposición a los pesticidas, da la casualidad que las madres de estos menores fueron trabajadoras agrícolas por muchos años.
“Estos dos casos son dignos de analizar, ya que una de las principales consecuencias que arroja una exposición reiterada a los plaguicidas es la malformación”, aseguró Justin Blau.
Los casos, eso sí, no se detienen allí, porque el nieto de Yolanda, quien vive en Pisco Elqui y no sobrepasa los dos años de edad, nació con una severa alergia en la piel. “Esta lucha la estoy dando por mis hijos y por mi nieto”, aseguró esta mujer, quien es parte de las 90 personas que demandó a un importante empresario de Pisco Elqui.
Ella misma ha sentido en carne propia el tener que convivir periodos de alta exposición a químicos utilizados por el agro, ya que su vivienda colinda con un fundo. “Ando con jaqueca a pesar de no estar en mi casa. Estos plaguicidas se aplican toda la noche y eso que no tenemos grandes ventanales donde pudieran entrar. Ni siquiera vivir encerrados ha impedido que nos afecte”, aseguró con un dejo de amargura y preocupación.
Justin Blau agregó que “nuestro mayor objetivo es hacer ver al chileno que no sólo se muere cisne de cuelo negro, sino que las personas intoxicadas con agroquímicos también”.
VACÍO LEGAL
Una de las iniciativas en las que el diputado por el Séptimo Distrito, Marcelo Díaz (PS), abocó gran parte de su tiempo fue en la conformación de un proyecto de ley que prohibía la utilización de pesticidas 1a (extremadamente peligroso) y 1b (altamente peligroso). Su aprobación en la Cámara Baja fue expedita, lo que no se ha traducido en el Senado donde duerme en la comisión de Agricultura que preside Juan Antonio Coloma (UDI). “En el Parlamento hay intereses económicos que impiden que se legisle para resguardar la salud de la población”, manifestó Díaz, quien entregó todo su apoyo a las acciones judiciales emprendidas por Elqui Sustentable.
“He pedido durante meses que el presidente de la comisión de Agricultura del Senado nos reciba con los representantes de Elqui Sustentable”, añadió Díaz.
Si se trata de antecedentes, el legislador fue uno de los que se interiorizó en el tema e hizo público datos duros como que en Chile anualmente mueren 20 personas por causas relacionadas con productos químicos y 3.556 se intoxican en los predios nacionales, de los que el 40% debe ser hospitalizado.
Esta falta de normativa no redujo el espacio legal que ByV Asociados ha utilizado para seguir las acciones legales correspondientes, pues según sus argumentos se está ante un perjuicio evidente contra terceros. “Si bien la ley no se ha aprobado, toda persona que realiza una acción u omisión y que causa daño a otro debe indemnizar al perjudicado”, indicó el abogado Felipe Betancourt, quien se ha hecho acompañar en este procesos por sus colegas Dina Valenzuela y Jorge Gaponov.
PROCESOS EN REGLA
Para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) el escenario es completamente distinto, ya que lejos de cualquier irregularidad se han antecedido muestras que descartarían cualquier ilegalidad en la aplicación de plaguicidas.
El encargado provincial de Elqui del SAG, Eduardo Quiroz, aseguró que los agricultores han cumplido cada una de las recomendaciones que se han realizado, no encontrando aún muestras con alto contenido químico.
Lo mismo dijo el presidente de SAN, Eugenio Munizaga, pues “acá existen certificaciones internacionales que refuerzan la idea de que se está cumpliendo con los marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa”.
Esta semana a través de una declaración pública, la entidad gremial del agro aclaró que los productores cumplen todas las disposiciones que el caso requiere. No obstante, el diputado Díaz, llamó -especialmente al SAG- a no cerrarse a las peticiones de la gente. “Le pediría al SAG que no se pronunciara por anticipado y que acoja las legítimas denuncias ciudadanas”.A pesar de que este largo camino judicial recién comienza y faltan mucho antecedentes, el cese de actividades en el colegio sólo representa un alivio para cierta parte de los afectados, pues quienes viven en las inmediaciones de las superficies de fumigación deberán seguir durmiendo con el enemigo.
No obstante, siete meses después y cuando ya se ha iniciado la temporada exportadora de frutas a destinos internacionales como Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, el uso y a veces abuso de pesticidas ha hecho que el fantasma de la intoxicación vuelva a amenazar a quienes por años se han mantenido mudos.
Pero el miedo patronal, a los despidos, a la autoridad y a la ley está poco a poco llegando a su fin, luego que esta semana se interpusiera una demanda de indemnización por perjuicios a la salud de 90 personas por más de $9 mil millones en los tribunales de Vicuña. “Nos cansamos de tener que soportar que nuestros niños presenten vómitos, náuseas, dolores de cabeza y desmayos”, sostuvo Justin Blau.
Para llevar a cabo esta acción legal, Elqui Sustentable solicitó la asesoría legal a ByV Asociados, uno de los bufetes de abogados más reconocidos del país y que dentro de sus casos emblemáticos se encuentra la demanda contra el Estado por el mal servicio prestado por el Transantiago a 1.800 personas. El monto de esa demanda asciende a los $36 mil millones.
Junto con la acción emprendida en los tribunales de Vicuña, también se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, la que en menos de 24 horas fue acogida a tramitación por parte del órgano que administra la justicia a nivel regional, lo que implica que solicitó un informe al recurrido (demandado). “Los derechos de nuestros representados y los de muchos vecinos del sector que se han visto afectados por las acciones y omisiones negligentes del recurrido”, señaló el abogado Felipe Betancourt. Añadió que “el derecho a la vida y el vivir en un medioambiente libre de contaminación junto con el grave daño a la calidad de vida de estas personas amerita una pronta solución”.
EL CERRO DEL TERROR
El sol que a plena mañana se siente entremedio de las cuestas que nos llevan hasta la localidad de Monte Grande, dependiente de Paihuano, se hace casi irresistible dentro de un vehículo, donde el oasis se refleja en un par de helados de agua y las ventanas abajo casi por completo. Si el hecho de estar dentro de una camioneta es una travesía difícil de cumplir, el hecho que los alumnos se mantengan en sus aulas con 30º Celsius a la sombra durante noviembre y diciembre, resulta la mayor de las epopeyas.
Y no se trata de clases circunscritas a un espacio determinado, sino que a un espacio obligado, ya que durante la primavera, se intensifica la aplicación de agroquímicos que hacen recluirse a los estudiantes dentro de las paredes de sus salas. “Varias veces hemos tenido que cerrar las ventanas y las puertas para poder hacer clases”, confirmó una de las profesoras de la escuela Gabriela Mistral de Monte Grande, la misma donde la poetisa dio sus primeros pasos como pedagoga.
Incluso, hace algunos años fue tal el efecto de los plaguicidas esparcidos con pulverizadores que debieron tomar cuadernos, lápices y estuches e irse hasta la plaza de la localidad, porque la sensación era insostenible. “Ni siquiera las puertas cerradas fueron impedimento para que el aula se pasara y el aire se hiciera irrespirable”, reafirmó la instructora, quien prefirió mantener bajo reserva su identidad.
En todo caso y en virtud del acercamiento y preocupación que ha manifestado el administrador del predio, hace dos años que ya no se presentan vómitos ni desmayos, aunque los síntomas persisten. “Una vez vino uno de los encargados del campo y nos alertó de que habría fumigación, por lo que se tomaron los resguardos del caso. “Nuestra intención no es perjudicar las faenas agrícolas, sino que buscar consensos en cuanto a la aplicación. Ojalá se deje de lado aquellos pesticidas peligrosos y se ocupen aquellos con denominación natural”, explicó la pedagoga.
MALFORMACIONES
Si bien en Monte Grande son muy pocos los que están dispuestos a hablar, por el temor fundado en la dependencia patrón – empleado, es este lugar uno de los que más se ha visto afectado, toda vez que confluyen en él la mayoría de los casos emblemáticos. Esto porque dentro de esta estela de efectos humanos que, supuestamente han causado las fumigaciones (la responsabilidad final deberá ser determinada por los tribunales), se encuentran dos niños que nacieron con el ano cerrado. A pesar de que aún nadie ha podido demostrar que obedecen a una exposición a los pesticidas, da la casualidad que las madres de estos menores fueron trabajadoras agrícolas por muchos años.
“Estos dos casos son dignos de analizar, ya que una de las principales consecuencias que arroja una exposición reiterada a los plaguicidas es la malformación”, aseguró Justin Blau.
Los casos, eso sí, no se detienen allí, porque el nieto de Yolanda, quien vive en Pisco Elqui y no sobrepasa los dos años de edad, nació con una severa alergia en la piel. “Esta lucha la estoy dando por mis hijos y por mi nieto”, aseguró esta mujer, quien es parte de las 90 personas que demandó a un importante empresario de Pisco Elqui.
Ella misma ha sentido en carne propia el tener que convivir periodos de alta exposición a químicos utilizados por el agro, ya que su vivienda colinda con un fundo. “Ando con jaqueca a pesar de no estar en mi casa. Estos plaguicidas se aplican toda la noche y eso que no tenemos grandes ventanales donde pudieran entrar. Ni siquiera vivir encerrados ha impedido que nos afecte”, aseguró con un dejo de amargura y preocupación.
Justin Blau agregó que “nuestro mayor objetivo es hacer ver al chileno que no sólo se muere cisne de cuelo negro, sino que las personas intoxicadas con agroquímicos también”.
VACÍO LEGAL
Una de las iniciativas en las que el diputado por el Séptimo Distrito, Marcelo Díaz (PS), abocó gran parte de su tiempo fue en la conformación de un proyecto de ley que prohibía la utilización de pesticidas 1a (extremadamente peligroso) y 1b (altamente peligroso). Su aprobación en la Cámara Baja fue expedita, lo que no se ha traducido en el Senado donde duerme en la comisión de Agricultura que preside Juan Antonio Coloma (UDI). “En el Parlamento hay intereses económicos que impiden que se legisle para resguardar la salud de la población”, manifestó Díaz, quien entregó todo su apoyo a las acciones judiciales emprendidas por Elqui Sustentable.
“He pedido durante meses que el presidente de la comisión de Agricultura del Senado nos reciba con los representantes de Elqui Sustentable”, añadió Díaz.
Si se trata de antecedentes, el legislador fue uno de los que se interiorizó en el tema e hizo público datos duros como que en Chile anualmente mueren 20 personas por causas relacionadas con productos químicos y 3.556 se intoxican en los predios nacionales, de los que el 40% debe ser hospitalizado.
Esta falta de normativa no redujo el espacio legal que ByV Asociados ha utilizado para seguir las acciones legales correspondientes, pues según sus argumentos se está ante un perjuicio evidente contra terceros. “Si bien la ley no se ha aprobado, toda persona que realiza una acción u omisión y que causa daño a otro debe indemnizar al perjudicado”, indicó el abogado Felipe Betancourt, quien se ha hecho acompañar en este procesos por sus colegas Dina Valenzuela y Jorge Gaponov.
PROCESOS EN REGLA
Para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) el escenario es completamente distinto, ya que lejos de cualquier irregularidad se han antecedido muestras que descartarían cualquier ilegalidad en la aplicación de plaguicidas.
El encargado provincial de Elqui del SAG, Eduardo Quiroz, aseguró que los agricultores han cumplido cada una de las recomendaciones que se han realizado, no encontrando aún muestras con alto contenido químico.
Lo mismo dijo el presidente de SAN, Eugenio Munizaga, pues “acá existen certificaciones internacionales que refuerzan la idea de que se está cumpliendo con los marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa”.
Esta semana a través de una declaración pública, la entidad gremial del agro aclaró que los productores cumplen todas las disposiciones que el caso requiere. No obstante, el diputado Díaz, llamó -especialmente al SAG- a no cerrarse a las peticiones de la gente. “Le pediría al SAG que no se pronunciara por anticipado y que acoja las legítimas denuncias ciudadanas”.A pesar de que este largo camino judicial recién comienza y faltan mucho antecedentes, el cese de actividades en el colegio sólo representa un alivio para cierta parte de los afectados, pues quienes viven en las inmediaciones de las superficies de fumigación deberán seguir durmiendo con el enemigo.
1 comentario:
¡¿¿¿¿¿Qué dice el Sr. Luksic al respecto????
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