Era una jornada tensa y se notaba en el ánimo y los rostros de sus protagonistas. No era tarea fácil asistir a la asamblea convocada por el sindicato de trabajadores de la minera Tambillos, ya que tenían como antecedentes dos cosas. La primera, la mala reputación de Francisco Javier Errázuriz –máximo accionista de la firma- en resolución de conflictos laborales y segundo una negociación colectiva fallida que disipaba cualquier atisbo de acercar posiciones.
Pero había que asistir y así lo hicieron 91 operarios. Tras discutir los puntos y rechazar categóricamente la propuesta de la empresa de rebajar a la mitad el sueldo base y recuperarlo con bonos de producción, llegó el momento de votar. Segundos antes, un silencio invadió el salón y muchos se miraron las caras. Ya no había vuelta atrás.
85 de los 91 asistentes aprobaron la moción de la directiva de paralizar funciones hasta reanudar las conversaciones.
Desde aquella determinante decisión han pasado 59 días, pasando mucha agua bajo el puente: Marchas, huelgas de hambre, recursos judiciales, mediación de la Iglesia Católica, cierre de faenas, aprovechamiento político y desalojos. Pero nada, la postura intransigente de la dirigencia de la empresa impide que se llegue a acuerdo, pese a la conciliación de Gobierno.
¿Cuánto tendrán que esperar esas 103 familias que en un día con marcada carga sindical como el 1 de mayo decidieron apoyar a sus sostenedores para hacer respetar su derecho a negociar? ¿Cuánto poder puede llegar a tener un empresario que ni siquiera los mandatos judiciales desea cumplir?
LOS CALDOS DE DOÑA FRESIA
El lunes 4 de mayo comenzó a sentirse uno de los fríos más profundos de la temporada. Era un aviso del invierno, sin embargo, era recién el comienzo de un periplo de luchas, esfuerzos y solidaridad que pocas veces se ha visto. O acaso ¿ha existido otra instancia de apoyo mutuo por causas particulares como la observada a favor de estos mineros? Lo más probables es que no. Esa mañana Fresia Rivera no se aleja de una gran olla gris que tiene en su interior porotos graneados. “Para pasar el frío y las penas”, explica.
Esa dedicación obedece a que siente el conflicto como pocas. Su marido, fallecido hace siete meses, trabajó por más de veinte años en la planta que queda a un costado del camino que lleva a la localidad coquimbana de Tambillos. Sus yernos también desarrollan labores allí, por lo que junto a sus hijas tiene la certeza que la pelea es justa. “Hago todos por mis niños y espero que alguien haga algo, porque nos estamos quedando sin provisiones”, señala con un dejo de desazón, pero con la fuerza de una madre responsable de más de 500 retoños.
Seguido a ello y antes de la hora de almuerzo, Mauricio Aldunate, el estandarte de la resistencia tambillana, habla con algunos medios de prensa. “Creemos que es injusto que se nos rebaje el sueldo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo”, sentencia ante una infinidad de grabadoras y micrófonos.
De reojo nos mira Faustino Sarria, a quien se le nota que lleva un nudo en la garganta. Al acercarse se tranquiliza y confiesa: “Tengo siete hijos y no puedo ver reducido mi salario en un 50%, ya que no puedo vivir con $200 mil (…) Nos sentimos pisoteados”, clama este operador de relaves que trabaja hace diez años en la empresa.
Pero desde la compañía nada. No existe posibilidad de diálogo. Poco les importa dejar de percibir $80 millones diarios por las 28 toneladas de cobre concentrado que no están llegando a Enami. Eso sí, y en vista de la férrea posición adoptada por los mineros, la administración liderada por el ingeniero civil químico, Mauricio Fuentes, decide reemplazar a los 103 huelguistas, lo que a todas luces está fuera de la legitimidad, porque la paralización de labores es legal.
LA VISITA A LOS TRIBUNALES
Después de hacer un par de asambleas al aire libre (en el exterior de la planta de procesos) y tomando en cuenta que no existe mayor grado de acercamiento, se empieza a pensar en recurrir a los tribunales de justicia. “No descartamos nada”, sostiene Aldunate.
Días después y cuando ya se han cumplido 16 días de huelga, los 103 mineros se descolocarán ante lo que ha sido una de las acciones más repudiables de la compañía: No cancelar los sueldos del mes de abril que fue trabajado, como una manera de presionar el cese de las manifestaciones. “Eso no lo aceptamos y recurriremos a los tribunales”, recula el presidente del sindicato.
El estudio Hinojosa, Roco, Vega &Yáñez, se hace cargo de la causa y el 13 de mayo presenta una tutela laboral, figura implementada en la Reforma del Trabajo, donde se busca la cancelación de las remuneraciones. “Deseamos que acabe la actuación ilegal y anticonstitucional que vulnera los derechos de los trabajadores, terminando con la medida de presión de privarlos de sus remuneraciones e implementar reemplazos sin autorización previa”, indica el abogado Roberto Vega.
En las afueras de la planta, Fresia y otras mujeres extreman recursos para cocinar. Pese a la buena voluntad del pueblo y de otros organismos sindicales, la comida poco a poco se les empieza a terminar. “Estamos resistiendo sólo con algunos ahorros que teníamos como sindicato”, manifiesta Mauricio Aldunate. Al otro día concurren precandidatos parlamentarios de todos los colores, sin embargo, al retirarse, las luces de las cámaras de televisión y los flashes fotográficos, el problema vuelve a las almas tambillanas.
Juvenal Muñoz, quien se entera de la estrechez de las raciones alimenticias por teléfono, pues acompañaba a los abogados en la presentación de la acción ante el Juzgado de Letras de La Serena, comenta emocionado que “se nos han pegado en lo más profundo y donde más nos duele: La familia, pues son ellos quienes más sufren”.
Una semana después, y desoyendo el mandato de la jueza Nancy Bluck Bahamondes, la minera se niega a pagar, aduciendo falta de recursos.
“La gente trabajó los treinta días de abril como corresponde y cuando uno trabaja un mes completo hay que pagarle, de manera que ellos debieran tener los sueldos en sus bolsillos”, reconoce muy preocupado el seremi de Minería, Antonio Videka, quien ha realizado innumerables gestiones para destrabar el asunto.
La justicia dio plazo de 72 horas para pagar los $62 millones adeudados, pero la empresa se excusó en voz de Rosa Piña, quien señaló ejercer un cargo de jefatura en el área administrativa de la minera y reconoció ante la magistratura que toda la información relativa a las remuneraciones de los trabajadores en huelga, habían sido solicitada a la casa matriz en Santiago. “Nos hemos encontrado con un frontón que no escucha y hace oídos sordos. Hay empresarios inescrupulosos que se aprovechan de los resquicios legales para no pagar los sueldos”, criticó el seremi del Trabajo Cristián Martínez, quien allanó el camino para que esta semana la propia titular de la cartera, la ministra Claudia Serrano, se interiorizara de los pormenores de conflicto.
Hasta la fecha sólo se han cancelado $14 millones, lo que apenas cubre el sueldo base de abril, restando todavía cubrir algunos sueldos de marzo, bonos de producción y vacaciones impagas desde el 2008.
AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Sólo en las últimas semanas la compañía ha dado la cara, aunque no para dar una solución o sentarse a negociar, sino que para salvar al administrador Eliecer Mauricio Fuentes Zenteno, a quien en virtud de su negativa de pagar los sueldos de abril, se decretó una orden de aprehensión por parte del Juzgado del Trabajo. Pero la Corte de Apelaciones de La Serena recibió a los pocos días un recurso de amparo de parte del abogado Pedro Gorroño Velasco, quien representaba al grupo Errázuriz y que no estaba dispuesto a dejar caer a su delfín.
De manera unánime el tribunal de segunda instancia revocó el mandato y devolvió a fojas cero los avances y objetivos de la Reforma Laboral. “Es un pésimo precedente para la aplicación de la reforma laboral en lo que a procedimiento se refiere, pues quedó demostrado el desconocimiento de la reciente normativa, prestándose a principios antiguos como los que rigen en materia civil. Se está diciendo que los empleadores pueden vulnerar sin ningún problema los derechos de los trabajadores”, señala el jurista Mario Yáñez, quien también defiende a los operarios.
Con ese antecedente, Francisco Javier Errázuriz sacó por primera vez el habla y criticó que la mina le había resultado más cara que una amante en veinte años. Además de “aclarar” que un tribunal del Trabajo estaba impedido de mandatar una orden de captura. Tambillos había ganado la batalla, pero faltaba mucho. “No nos vamos a desmotivar y seguiremos más firmes que nunca”, arenga Aldunate.
En materia judicial hay sólo una instancia que da la última palabra y es la Corte Suprema. A sabiendas de ese postulado básico de la institucionalidad jurídica de Chile, el estudio Hinojosa, Roco, Vega &Yáñez, reunió los antecedentes y los hizo llegar a la segunda sala.
Once días después del fallo de la Corte de Apelaciones, la Suprema lo dejó sin efecto y sin ningún reparo por parte de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros Hugo Dolmestch y Guillermo Silva. El argumento fue el explicitado por la parte demandante: “Se remarca la vigencia plena de los derechos que el trabajador detenta no sólo en tal calidad, sino que también en su condición de persona, estableciendo aquello como eje fundamental en las relaciones laborales”, se desprendía del informe de cinco páginas.
Al conocer esta decisión, Francisco Javier Errázuriz, no vaciló y anunció el cierre del yacimiento y con el cuarto de siglo de operaciones que tenía en la localidad. Con esto, se dejará en la calle a 150 personas, las que representan el 21% de la fuerza laboral de Tambillos.
Actualmente la defensa de los trabajadores está a la espera del juicio en el Juzgado de Letras del Trabajo que se llevará a cabo este 15 de julio. Eso sí, el grueso de las 103 familias que están en jaque después de dos meses sin recibir los sueldos, poco entiende poco de los tecnicismos jurídico, aunque saben que sólo de esa manera el sol volverá a posarse sobre las polvorientas callejuelas de Tambillos y sus jefes de hogar podrán decirles “labor cumplida”.
EL ÚLTIMO RASGUÑO
Cristián Rojas ha sido una de las caras visibles de la respuesta trabajadora a los abusos de minera Tambillos y lo hace con conocimiento de causa. Los últimos dos meses ha sido su esposa, que trabaja en una fotocopiadora y gana $80 mil, el único sostén del hogar. “Mi hija necesita ir a la escuela y debo tenerle sus útiles, su colación y su ropita (…) No le puedo fallar”, dice con los ojos cristalizados. Una situación aún más dramática posee Luis Robles, quien las oficia de camionero de la faena. Tiene cinco hijos y la mayor está en la universidad cursando Enfermería. “Yo sé que la gente nos entiende cuando estamos luchando (…) Yo pasé por algo similar hace unos años cuando se me quemó la casa. Me supieron entender en el colegio. Pero ahora debo responderle a mi niña más grande, no puedo jugar con su futuro”, sentencia. Ambos trabajadores junto a dos colegas y a dos estudiantes universitarios iniciaron el miércoles 10 de junio una huelga de hambre, la que finalizó el viernes 19 de junio a primera hora tras la mediación del arzobispo de La Serena, monseñor Manuel Donoso. “A quienes nos quieren ver derrotados, les decimos que no daremos nuestro brazo a torcer en esta lucha”, expresa seguro Mauricio Aldunate, pese a que su voz se escucha cansada y apagada.
CRONOLOGÍA:
01 de mayo: 103 trabajadores de minera Tambillos inician una huelga por desacuerdos con la empresa.
Pero había que asistir y así lo hicieron 91 operarios. Tras discutir los puntos y rechazar categóricamente la propuesta de la empresa de rebajar a la mitad el sueldo base y recuperarlo con bonos de producción, llegó el momento de votar. Segundos antes, un silencio invadió el salón y muchos se miraron las caras. Ya no había vuelta atrás.
85 de los 91 asistentes aprobaron la moción de la directiva de paralizar funciones hasta reanudar las conversaciones.
Desde aquella determinante decisión han pasado 59 días, pasando mucha agua bajo el puente: Marchas, huelgas de hambre, recursos judiciales, mediación de la Iglesia Católica, cierre de faenas, aprovechamiento político y desalojos. Pero nada, la postura intransigente de la dirigencia de la empresa impide que se llegue a acuerdo, pese a la conciliación de Gobierno.
¿Cuánto tendrán que esperar esas 103 familias que en un día con marcada carga sindical como el 1 de mayo decidieron apoyar a sus sostenedores para hacer respetar su derecho a negociar? ¿Cuánto poder puede llegar a tener un empresario que ni siquiera los mandatos judiciales desea cumplir?
LOS CALDOS DE DOÑA FRESIA
El lunes 4 de mayo comenzó a sentirse uno de los fríos más profundos de la temporada. Era un aviso del invierno, sin embargo, era recién el comienzo de un periplo de luchas, esfuerzos y solidaridad que pocas veces se ha visto. O acaso ¿ha existido otra instancia de apoyo mutuo por causas particulares como la observada a favor de estos mineros? Lo más probables es que no. Esa mañana Fresia Rivera no se aleja de una gran olla gris que tiene en su interior porotos graneados. “Para pasar el frío y las penas”, explica.
Esa dedicación obedece a que siente el conflicto como pocas. Su marido, fallecido hace siete meses, trabajó por más de veinte años en la planta que queda a un costado del camino que lleva a la localidad coquimbana de Tambillos. Sus yernos también desarrollan labores allí, por lo que junto a sus hijas tiene la certeza que la pelea es justa. “Hago todos por mis niños y espero que alguien haga algo, porque nos estamos quedando sin provisiones”, señala con un dejo de desazón, pero con la fuerza de una madre responsable de más de 500 retoños.
Seguido a ello y antes de la hora de almuerzo, Mauricio Aldunate, el estandarte de la resistencia tambillana, habla con algunos medios de prensa. “Creemos que es injusto que se nos rebaje el sueldo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo”, sentencia ante una infinidad de grabadoras y micrófonos.
De reojo nos mira Faustino Sarria, a quien se le nota que lleva un nudo en la garganta. Al acercarse se tranquiliza y confiesa: “Tengo siete hijos y no puedo ver reducido mi salario en un 50%, ya que no puedo vivir con $200 mil (…) Nos sentimos pisoteados”, clama este operador de relaves que trabaja hace diez años en la empresa.
Pero desde la compañía nada. No existe posibilidad de diálogo. Poco les importa dejar de percibir $80 millones diarios por las 28 toneladas de cobre concentrado que no están llegando a Enami. Eso sí, y en vista de la férrea posición adoptada por los mineros, la administración liderada por el ingeniero civil químico, Mauricio Fuentes, decide reemplazar a los 103 huelguistas, lo que a todas luces está fuera de la legitimidad, porque la paralización de labores es legal.
LA VISITA A LOS TRIBUNALES
Después de hacer un par de asambleas al aire libre (en el exterior de la planta de procesos) y tomando en cuenta que no existe mayor grado de acercamiento, se empieza a pensar en recurrir a los tribunales de justicia. “No descartamos nada”, sostiene Aldunate.
Días después y cuando ya se han cumplido 16 días de huelga, los 103 mineros se descolocarán ante lo que ha sido una de las acciones más repudiables de la compañía: No cancelar los sueldos del mes de abril que fue trabajado, como una manera de presionar el cese de las manifestaciones. “Eso no lo aceptamos y recurriremos a los tribunales”, recula el presidente del sindicato.
El estudio Hinojosa, Roco, Vega &Yáñez, se hace cargo de la causa y el 13 de mayo presenta una tutela laboral, figura implementada en la Reforma del Trabajo, donde se busca la cancelación de las remuneraciones. “Deseamos que acabe la actuación ilegal y anticonstitucional que vulnera los derechos de los trabajadores, terminando con la medida de presión de privarlos de sus remuneraciones e implementar reemplazos sin autorización previa”, indica el abogado Roberto Vega.
En las afueras de la planta, Fresia y otras mujeres extreman recursos para cocinar. Pese a la buena voluntad del pueblo y de otros organismos sindicales, la comida poco a poco se les empieza a terminar. “Estamos resistiendo sólo con algunos ahorros que teníamos como sindicato”, manifiesta Mauricio Aldunate. Al otro día concurren precandidatos parlamentarios de todos los colores, sin embargo, al retirarse, las luces de las cámaras de televisión y los flashes fotográficos, el problema vuelve a las almas tambillanas.
Juvenal Muñoz, quien se entera de la estrechez de las raciones alimenticias por teléfono, pues acompañaba a los abogados en la presentación de la acción ante el Juzgado de Letras de La Serena, comenta emocionado que “se nos han pegado en lo más profundo y donde más nos duele: La familia, pues son ellos quienes más sufren”.
Una semana después, y desoyendo el mandato de la jueza Nancy Bluck Bahamondes, la minera se niega a pagar, aduciendo falta de recursos.
“La gente trabajó los treinta días de abril como corresponde y cuando uno trabaja un mes completo hay que pagarle, de manera que ellos debieran tener los sueldos en sus bolsillos”, reconoce muy preocupado el seremi de Minería, Antonio Videka, quien ha realizado innumerables gestiones para destrabar el asunto.
La justicia dio plazo de 72 horas para pagar los $62 millones adeudados, pero la empresa se excusó en voz de Rosa Piña, quien señaló ejercer un cargo de jefatura en el área administrativa de la minera y reconoció ante la magistratura que toda la información relativa a las remuneraciones de los trabajadores en huelga, habían sido solicitada a la casa matriz en Santiago. “Nos hemos encontrado con un frontón que no escucha y hace oídos sordos. Hay empresarios inescrupulosos que se aprovechan de los resquicios legales para no pagar los sueldos”, criticó el seremi del Trabajo Cristián Martínez, quien allanó el camino para que esta semana la propia titular de la cartera, la ministra Claudia Serrano, se interiorizara de los pormenores de conflicto.
Hasta la fecha sólo se han cancelado $14 millones, lo que apenas cubre el sueldo base de abril, restando todavía cubrir algunos sueldos de marzo, bonos de producción y vacaciones impagas desde el 2008.
AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Sólo en las últimas semanas la compañía ha dado la cara, aunque no para dar una solución o sentarse a negociar, sino que para salvar al administrador Eliecer Mauricio Fuentes Zenteno, a quien en virtud de su negativa de pagar los sueldos de abril, se decretó una orden de aprehensión por parte del Juzgado del Trabajo. Pero la Corte de Apelaciones de La Serena recibió a los pocos días un recurso de amparo de parte del abogado Pedro Gorroño Velasco, quien representaba al grupo Errázuriz y que no estaba dispuesto a dejar caer a su delfín.
De manera unánime el tribunal de segunda instancia revocó el mandato y devolvió a fojas cero los avances y objetivos de la Reforma Laboral. “Es un pésimo precedente para la aplicación de la reforma laboral en lo que a procedimiento se refiere, pues quedó demostrado el desconocimiento de la reciente normativa, prestándose a principios antiguos como los que rigen en materia civil. Se está diciendo que los empleadores pueden vulnerar sin ningún problema los derechos de los trabajadores”, señala el jurista Mario Yáñez, quien también defiende a los operarios.
Con ese antecedente, Francisco Javier Errázuriz sacó por primera vez el habla y criticó que la mina le había resultado más cara que una amante en veinte años. Además de “aclarar” que un tribunal del Trabajo estaba impedido de mandatar una orden de captura. Tambillos había ganado la batalla, pero faltaba mucho. “No nos vamos a desmotivar y seguiremos más firmes que nunca”, arenga Aldunate.
En materia judicial hay sólo una instancia que da la última palabra y es la Corte Suprema. A sabiendas de ese postulado básico de la institucionalidad jurídica de Chile, el estudio Hinojosa, Roco, Vega &Yáñez, reunió los antecedentes y los hizo llegar a la segunda sala.
Once días después del fallo de la Corte de Apelaciones, la Suprema lo dejó sin efecto y sin ningún reparo por parte de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros Hugo Dolmestch y Guillermo Silva. El argumento fue el explicitado por la parte demandante: “Se remarca la vigencia plena de los derechos que el trabajador detenta no sólo en tal calidad, sino que también en su condición de persona, estableciendo aquello como eje fundamental en las relaciones laborales”, se desprendía del informe de cinco páginas.
Al conocer esta decisión, Francisco Javier Errázuriz, no vaciló y anunció el cierre del yacimiento y con el cuarto de siglo de operaciones que tenía en la localidad. Con esto, se dejará en la calle a 150 personas, las que representan el 21% de la fuerza laboral de Tambillos.
Actualmente la defensa de los trabajadores está a la espera del juicio en el Juzgado de Letras del Trabajo que se llevará a cabo este 15 de julio. Eso sí, el grueso de las 103 familias que están en jaque después de dos meses sin recibir los sueldos, poco entiende poco de los tecnicismos jurídico, aunque saben que sólo de esa manera el sol volverá a posarse sobre las polvorientas callejuelas de Tambillos y sus jefes de hogar podrán decirles “labor cumplida”.
EL ÚLTIMO RASGUÑO
Cristián Rojas ha sido una de las caras visibles de la respuesta trabajadora a los abusos de minera Tambillos y lo hace con conocimiento de causa. Los últimos dos meses ha sido su esposa, que trabaja en una fotocopiadora y gana $80 mil, el único sostén del hogar. “Mi hija necesita ir a la escuela y debo tenerle sus útiles, su colación y su ropita (…) No le puedo fallar”, dice con los ojos cristalizados. Una situación aún más dramática posee Luis Robles, quien las oficia de camionero de la faena. Tiene cinco hijos y la mayor está en la universidad cursando Enfermería. “Yo sé que la gente nos entiende cuando estamos luchando (…) Yo pasé por algo similar hace unos años cuando se me quemó la casa. Me supieron entender en el colegio. Pero ahora debo responderle a mi niña más grande, no puedo jugar con su futuro”, sentencia. Ambos trabajadores junto a dos colegas y a dos estudiantes universitarios iniciaron el miércoles 10 de junio una huelga de hambre, la que finalizó el viernes 19 de junio a primera hora tras la mediación del arzobispo de La Serena, monseñor Manuel Donoso. “A quienes nos quieren ver derrotados, les decimos que no daremos nuestro brazo a torcer en esta lucha”, expresa seguro Mauricio Aldunate, pese a que su voz se escucha cansada y apagada.
CRONOLOGÍA:
01 de mayo: 103 trabajadores de minera Tambillos inician una huelga por desacuerdos con la empresa.
13 de mayo: Se interpone una tutela laboral contra el administrador de Tambillos, Mauricio Fuentes.
19 de mayo: Desobedeciendo el mandato del juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, la minera se rehúsa a pagar las remuneraciones de abril.
28 de mayo: El tribunal del Trabajo decreta la orden de detención contra Mauricio Fuentes.
03 de junio: La Corte de Apelaciones desestima la acción contra el administrador de Tambillos.
10 de junio: Cuatro mineros y dos estudiantes universitarios inician una huelga de hambre indefinida.
15 de junio: La Corte Suprema revoca el dictamen de la Corte de Apelaciones, por lo que instruye la captura de Mauricio Fuentes.
15 de julio: Momento decisivo donde se realizará el juicio laboral.
