La Corema: El equipo de los elegidos

El lunes pasado se produjo una situación que incomodó a más de alguno. Y es que desde que Ricardo Cifuentes asumió la administración de la intendencia de la Región de Coquimbo, han sido pocos los impasses que se han hecho públicos entre su autoridad y los organismos subalternos, sean éstos independiente de su competencia o no. Lo cierto es que su tono de autoridad se ha hecho visible y son muy pocos quienes le han llevado la contraria. Eso hasta el lunes pasado.
El ambiente no se veía para nada enrarecido, pues a eso de las 16 horas, el jefe regional entró raudo al salón Prat pidiendo las disculpas del caso por sus sesenta minutos de retraso tras participar en las celebraciones del aniversario de la comuna de Ovalle. Una vez instalado en la testera principal se dio inicio a una nueva sesión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Corema).
Si bien había sólo dos temas en la tabla: El estado de avance del proyecto “Centro de Cultivo de Abalones” de la empresa Ocean Matters y la entrega de la propuesta de ponderación de participación ciudadana del proyecto minero “Puquíos”, la jornada estaría caracterizada por los alcances y la polémica que se levantaría por el tono que utilizó la máxima autoridad de la zona.
No bien se demoró una funcionaria evaluadora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) en presentar los montos de inversión, especies cultivables y vida útil de la iniciativa acuícola de abalones, cuando el intendente se percata que la propuesta ambiental presentaba disconformidad de tres organismos pertenecientes al comité técnico: El Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Seremía de Agricultura. Desde ese momento la Corema tomaría un cariz distinto.
La pregunta de Cifuentes fue inmediata: “¿Por qué se sigue adelante con este proceso si hay dos entes que dicen sentirse disconformes por la falta de antecedentes?” El silencio invadió al hasta ese momento atochado salón Prat. Ante ese mutismo, Cifuentes le exigió una explicación al director regional de Conama, Marcelo Gamboa. Este sólo atinó a decir que los informes de Sag y Conaf no eran tan tajantes. El intendente no quedó conforme, por lo que solicitó que José Miguel Torres, el director regional de Conaf y que estaba sentado en uno de los puestos laterales de la sala, sí se pronunciara.
“En el lugar donde se instalaría la planta es una zona con especies protegidas, por lo que de acuerdo a los datos entregados, éstos resultan disconformes (…) Más que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), nosotros pedimos un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, aseguró Torres.
Cifuentes perdió la paciencia y lanzó una frase para el bronce: “Entonces por qué se siguió con un proceso errado si el organismo técnico pedía otra cosa. Parece que aquí la Conama hace lo que quiere”. Marcelo Gamboa, Christian Peralta y sus asesoras sólo miraban la mesa.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Más allá de que el estado de avance se haya rechazado, que la empresa haya desistido de seguir con este proceso y que próximamente ingrese una nueva declaración, este conflicto develó que la Corema posee matices que, a veces, se hacen insalvables.
Esta entidad nació como una instancia surtida de un híbrido entre el Gobierno Regional (intendente y los tres gobernadores), Gabinete Regional (10 seremis) y el Consejo Regional (3 cores), por ende dentro de su estructura la institucionalidad ambiental, representada por la Conama, posee sólo un voto.
Durante años, la Corema fue muy mal evaluada por la ciudadanía, porque estaba constituida por personajes que carecían de preparación técnica ambiental. Eso hasta el 2007 cuando la Presidenta Michelle Bachelet creó el cargo de ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) lo que permitió a la nueva autoridad, Ana Lya Uriarte, iniciar una auditoría y entregar una propuesta para la mandataria, que será anunciada –posiblemente- este 21 de mayo.
La iniciativa podría traducirse en la conformación de un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, con una serie de servicios aledaños. Eso dejaría out a la Corema, ya que la apuesta sería en un servicio de evaluación ambiental, independiente incluso del ministerio y de la superintendencia, ya que los cargos directivos se elegirían a través de los concursos de alta gerencia pública.
“Esperamos que al anuncio sea contundente y que el próximo 5 de junio, cuando se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente, comience la discusión en el Parlamento”, precisó el director regional de Conama, Marcelo Gamboa, quien en caso de producirse los cambios pasaría a tener el cargo de seremi.

EXCEPCIONES A LA REGLA
Las críticas que se sitúan sobre los personeros “políticos” de la Corema se circunscriben a que la mayoría de ellos no posee los conocimientos para dirimir una situación. Pastelero a tus pasteles, como dice la conocida máxima.
Sin embargo, calificarlos a todos como tal, resulta un poco injusto, toda vez que hay dos integrantes de esta entidad que se encuentran ad portas de terminar su diplomado en Gestión Ambiental en la Universidad Católica del Norte, postítulo que fue pagado de su propio bolsillo.
Una de ellas es la seremi de Salud, la médico Anita Bonell. “Estamos en las últimas pruebas por lo que estamos trabajando y estudiando para salir bien de estos arduos meses de instrucción”, declaró la autoridad que cuenta con varios cursos de perfeccionamiento a su haber.
Sus largas jornadas en su oficina de calle Balmaceda debe complementarlas con sus estudios, ya que antes de este miércoles 30 de abril debe presentar su proyecto de tesis, el cual debería defender en agosto próximo. “Estoy muy contenta con esta experiencias en las aulas, ya que es muy necesario que nosotros –que participamos de una instancia medioambiental- contemos con los conocimientos básicos para calificar una propuesta”, manifestó.
Su compañero de banco, es nada menos que el consejero regional José Fernández (PPD), quien es matrón y confesó que le gusta investigar aquellos temas donde tiene alguna injerencia. “Tuve algunos cursos sobre medioambiente en la universidad, especialmente cuando me pasaron el ramo de Salud Pública, aunque considero que no es suficiente para estar en la Corema, ya que es necesario mantenerse actualizado para emitir un juicio acabado”.
Fernández aseveró que a pesar de tener puntos de vista distintos con su compañera de curso, Anita Bonell, debaten bastante sobre los temas que deben ver en clases, los que de alguna mera aplican cada vez que les toca calificar en la Corema.

FICHAS

Anita Bonell
Seremi de Salud
Médico Cirujano, llegó en 1990 a la región, desempeñándose en Illapel como Jefa del Departamento Municipal, aunque su carrera la hizo por distintos consultorios de Coquimbo, donde adquirió experiencia en salud pública. Posee varios postítulos entre los que destaca el reciente de Gestión Ambiental.

Antonio Videka
Seremi de Minería
Ingeniero de Ejecución en Minas, se ha desempeñado como ingeniero en terreno de diversas faenas extractivas, especialmente en el Norte Grande de Chile. Su visión de los mecanismos mineros resulta vital para saber el impacto que tendrán en el entorno natural.

Claudia Bravo
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones
Ingeniero Constructor y Constructor Civil, su experiencia en el área privada, especialmente en el tratamiento de áridos y construcciones asfálticas, le permite tener una visión más acabada acerca de la incidencia ambiental de ciertos elementos tóxicos.

Cristián Sáez
Seremi de Agricultura
Licenciado en Sociología, su pasado por empresas de otros rubros no le ha afectado para ser una voz pertinente para conservar el medioambiente. Junto a su equipo de técnicos ha velado por la conservación del espacio natural, especialmente relacionado con los campos y predios de la región, así como del respeto por los derechos de agua y su distribución.

Erika Rojas
Seremi de Planificación
Ingeniero Constructor y Constructor Civil, su experiencia en análisis de inversiones en sectores como agua potable y alcantarillado, vivienda y desarrollo urbano, le ha permitido ganar un bagaje que lo demostró al momento de hacer sus reparos con la planta de salmones de Tongoy, a la acusó de no entregar los suficientes antecedentes con respecto al impacto en la biomasa.

Gladys Barraza
Seremi de Educación
Profesora de Historia y Geografía con una maestría en Administración en Educación, ha desarrollado funciones como coordinadora general del Departamento de Educación y ha sido consejera regional. No posee experiencia en materia medioambiental.

Hanne Utreras
Seremi de Obras Públicas
Arquitecto de la Universidad del Bío Bío, en la región ha tenido que analizar una serie de inversiones con la consiguiente recopilación de impacto ambiental, especialmente por su puesto en la municipalidad de Coquimbo como encargada de Gestión Empresarial. Su paso por las secretarías comunales de planificación (Secplan) de San Pedro de la Paz y Lota, le permiten tener cierta experticia en el tema.

Hernán Rodríguez
Seremi de Vivienda y Urbanismo
Arquitecto que ha dedicado su trayectoria profesional en el Serviu y en la Seremía del ramo en Antofagasta. Dentro de sus competencias se destaca el haber desarrollado funciones en 1999 como seremi de Obras Públicas en la Región Metropolitana, donde tuvo que dirimir algunos proyectos con matices medioambientales.

Jorge Garrido
Seremi de Economía
Biólogo Marino y con un MBA a cuestas, durante su experiencia profesional ha trabajado estrechamente en el fomento y conservación de la pesca, además del manejo de recursos del mar. Dada su trayectoria en el sector ha debido elaborar estrategias para mantener un desarrollo sustentable en este rubro.

Mónica Bazán
Seremi de Bienes Nacionales
Ingeniero Civil Industrial, es especialista en construcción y evaluación de proyectos, por lo que en reiteradas ocasiones ha tenido que velar por las medidas de mitigación en el entorno. Además fue una de las fundadoras de la Corporación de Proyectos Sociales y Productivos.

Marcelo Gamboa
Director Regional de Conama
Secretario de la Corema
Ingeniero Agrónomo y posee una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Es sin dudas el personero más preparado de la Corema, dada su extensa experiencia en este tipo de materias, donde ha destacado sus publicaciones y su paso por la FAO, además de ejercer la docencia en prestigiosas universidades nacionales.

Ricardo Cifuentes
Intendente de la Región de Coquimbo
Presidente de la Corema
Es profesor de Historia y Geografía y Cientista Político, es la voz que administra la entidad. Debe estudiar la mayoría de los proyectos en sus reuniones semanales con Marcelo Gamboa.

Guisela Mateluna
Gobernadora de Choapa
Durante su gestión se han propiciado distintos proyectos mineros, con los que ha sido cautelosa con el medio ambiente. Durante sus votaciones en la Corema siempre se ha mostrado abierta al diálogo.

Iván Hernández
Gobernador de Limarí
Como administrador de una zona fuertemente marcada por la agricultura y la minería, debe velar porque ninguna de esas actividades choque en sus intereses de entorno.

Rolando Calderón
Gobernador de Elqui
Su visión pragmática le ha significado que los ambientalistas le teman, aunque nunca se ha mostrado a favor de un desarrollo sin sustento ambiental.

René Olivares
Consejero Regional
Estudiante de Derecho, sus cercanos valoran en él su interés por el medio ambiente, el que ha ligado con sus estudios jurídicos.

José Montoya
Consejero Regional
Egresa de Ingeniería en Administración Pública, su fuerte es el turismo, sector que ha desarrollado mayormente en Coquimbo.

Rubén Pino
Consejero Regional
Debe ser uno de los pocos agricultores que trabaja en una minera (Panulcillo), aunque entiende fuertemente el valor de la preservación de la tierra. Su experiencia en los campos le permite visualizar aquellas áreas en riesgo.

Jaque mate

A mediados del año pasado, cuando ya comenzaban a circular los rumores de recesión en Estados Unidos por la imposibilidad de cancelar los créditos hipotecarios (subprime), el sector exportador, una suerte de pitonisa de las crisis mundiales, puso la voz de alerta. Incluso hicieron las gestiones para reunirse con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, para tomar cartas en el asunto.
El secretario de Estado, fiel a su estado parco, técnico y alejado de lo políticamente correcto en términos de negociaciones, los recibió, aunque no prometió nada. Una vez concluida la cita, uno de los periodistas apostados en las afueras de Teatinos 120, desde donde se manejan las platas del país, le preguntó si iba a haber una ayuda especial a los sectores exportadores del país. Velasco, serio, le respondió: “El Gobierno no hace ni hará política económica ante coyunturas”. No hubo más diálogo.
Casi ocho meses después, el Banco Central, liderado esta vez por José de Gregorio que entró en reemplazo de Vitorio Corbo -a quien le pasó la cuenta la alta inflación- “desautorizó” la palabra de Velasco, tras anunciar que entre el 14 de abril y el 12 de diciembre de este año se comprarán US$8 mil millones para intentar aplacar la fuerte depreciación de la divisa que desde diciembre del 2007 hasta la fecha ha perdido un 21% de su valor.
Si bien durante más de seis meses hubo una multiplicidad de llamados a La Moneda para que interviniese la tendencia a la baja. La premisa de Velasco se imponía en el segundo piso de Palacio. Eso hasta el jueves cuando por tercera vez en este 2008 (bonos, impuesto específico e intervención del dólar), Bachelet cede ante la presión y deja que la estrechez que caracteriza a Andrés Velasco, quede sólo para sus cátedras en Harvard.
Y no son palabras al voleo, porque no todos los economistas celebraron la determinación del instituto emisor, porque de acuerdo a las posiciones financieras, no “existía la factibilidad técnica para llevar a cabo la acción”.
Uno de los críticos con esta compra masiva de dólares es el economista de la Universidad Católica del Norte (UCN), Sergio Zúñiga. Para el experto, habrá una fuerte presión inflacionaria que terminará convenciendo al Banco Central que la medida estaba lejos de ser la panacea.
“Con una presión de inflación que puede haber, al Central no le quedará otra que subir la tasa de interés y con ello aumentar la brecha que existe con la FED (Reserva Federal, la símil del Central en Estados Unidos)”.
La explicación que extiende Zúñiga es muy pertinente ya que podría producirse una diferencia económica donde será el Estado quien deba hacerse cargo.
La operación de salir a comprar US$8 mil millones producirá una pérdida neta, ya que los dólares serán cambiados por bonos en Chile y por los que se deberá cancelar una tasa de 7% u 8% anual. Mientras tanto, los dólares que adquiera la entidad que dirige José de Gregorio, deberá invertirlos en el extranjero, donde las tasas de interés rondan el 2% ó 3%. “Es allí donde se produce la diferencia negativa que traerá consecuencias”, acotó el experto en Finanzas.
El mismo Zúñiga agregó que una medida mucho más concreta sería haber subsidiado al rubro exportador tal como se hizo con el 1.400.000 familias más vulnerables de Chile”.

DEMASIADO TARDE
Uno de los sectores que desde que comenzó la temporada de envíos de frutas hacia los mercados estadounidenses y europeos, hizo ver la “catástrofe” que se vendría en caso de no regular la tendencia a la baja del dólar, fue el agrícola.
Es precisamente hoy ese sector, el que mira casi con indiferencia la ayuda del Gobierno. Para los dueños de predios y campos de la región, la medida llega demasiado tarde y lejos de darles un respiro, sólo aliviana un dolor de cabeza que se mantuvo por más de cuatro meses.
“La medida para nosotros llega demasiado tarde, aunque si bien va por el camino correcto, el balance negativo de la temporada ya está y no hay cómo revertirlo”, sentenció Eugenio Munizaga, presidente de la Sociedad Agrícola del Norte.
Por su parte, Andrés Fuenzalida, gerente general de Frutícola Zebra también agregó que durante gran parte del periodo de envíos, las negociaciones se realizaron con un tipo de cambio desprotegido.
“Las estimaciones se hicieron en base a los $522 con los que se transaba en diciembre, hasta antes del anuncio el dólar se cotizaba en $433, lo que arroja una baja de 21%. Estamos enfocados en reducir las pérdidas, pues ya no hay nada que se pueda hacer”, precisó.

EL GRAN SALTO
Pero no todo es un horizonte gris para los rubros que exportan sus productos fuera de las fronteras de Chile, porque a diferencia de la agricultura, que posee ciclos productivos específicos, los manufactureros o los mineros ven con optimismo la acción del Banco Central.
En la región, algunos economistas ya avizoran que uno de los impulsos importantes que habrá se circunscribe al ámbito minero. Pero no en el grande, sino que en el pequeño y mediano.
“Se producirá un incentivo evidente en las faenas menores, porque al aumentar el tipo de cambio, los retornos serán mayores y si se suma a ello un cobre a un precio que está bordeando los US$4, se hace muy atractivo”, indicó Sergio Zúñiga.
Esa percepción es compartida por las Asociaciones de Productores de la región. Es así como el anuncio fue aplaudido por la presidente de la Asociación de Ovalle, Stella Segura, porque la apreciación de la divisa, significaba respirar un poco más aliviados. “Es un complemento que habrá con el alto valor que está alcanzando el cobre. Si el dólar se recupera habrá un incentivo adicional”.
Dentro de los fenómenos que se podrían generar a corto plazo es la apertura de faenas abandonadas. “La reapertura será un indicio de la recuperación”, sostuvo Zúñiga.
Lautaro Rozas, presidente de Asociación de Combarbalá, se mostró deseoso de incrementar las fuentes que sustentan la actividad extractiva porque de esa manera se creaban más fuentes de empleo.

INESTABILIDAD Y DISTORSIÓN
Una de las críticas que ya se le hace a esta compra masiva de dólares es que se jugó por “salvar” a unos pocos en detrimento de todo el país. ¿Pero en qué se basa esa opinión? De acuerdo a los economistas, se concretaría un efecto adverso que incrementaría levemente el valor del dólar, no cubriendo las expectativas. Entre los cálculos que ya hacen algunos, la divisa no superaría la barrera de los $500, quedando muy por debajo de las expectativas de los empresarios.
“No creo que el dólar supere la barrera de los $500, ya que el impacto que tendrá el mercado por la demanda de cobre, seguirá ingresando la moneda norteamericana dentro de nuestras fronteras”, dijo Sergio Zúñiga.
Y es aquí donde este académico y Doctor en Finanzas explica el gran error del Banco Central: “Habrá un efecto inverso, porque con el incentivo a la actividad extractiva habrá más cobre para exportar y, si bien pude bajar un poco su valor, no alcanzará para apreciar la moneda estadounidense”, formuló.
Además, otro de los efectos que se dará es el aumento del precio de la bencina, lo que se traduciría en un incremento en el valor de las tarifas del transporte público y de flete para alimentos. La canasta básica podría sufrir variaciones al alza, aunque ello está supeditado a cómo se comporte el mercado la próxima semana cuando le asigne cotización al dólar.
“También podría ver alzas en los equipos importados, tales como los televisores, computadores, equipos musicales y electrodomésticos en general. Asimismo en las maquinarias industriales y repuestos para fábricas”, predijo Zúñiga.Con los argumentos expuestos queda en evidencia el hecho que se “legisló” -desde el Ejecutivo- para algunos pocos (empresarios) y se olvidó del gran porcentaje que no tuvo opción siquiera de reclamar.

Todos contra los huevos

El 25 de marzo del año 1998, el sector avícola de la región experimentaría uno de sus momentos más críticos de la mano de una misteriosa, aunque potente bacteria. Y es que la salmonella enteritidis se encargó de tener sobre las cuerdas a los productores avícolas de la región, a quienes se les hará muy difícil olvidar esa fecha, pues marca uno de los momentos más negros en su historia.
Todo comenzó luego que las autoridades de salud de la época detectaran dos casos en la región, lo que de inmediato puso en tela de juicio la calidad del producto que se expendía en los principales supermercados y negocios menores de barrio. Si bien en un principio no hubo mucho “estruendo” por la existencia de dos portadores de esta bacteria que provoca serios dolores estomacales y fiebre, poco a poco ese margen de indiferencia se fue perdiendo para dar paso a una verdadera “cacería de brujas” en contra de los huevos y donde los productores culpabilizaron directamente a la Seremía de Salud, por lo que calificaron como una persecución injusta.
Incluso muchos de ellos increparon directamente al seremi de la época, César Gajardo, quien defendió la posibilidad de informar a la población que había dos contagiados que presentaban los síntomas de la bacteria, precisamente tras haber comido huevos producidos en la región.
“Acá sólo se está haciendo ver que hay muestras que corroboran que la bacteria se encontraba alojada en los huevos. Ante ello, nuestro deber es resguardar la salud de las personas”, explicaba el seremi a Diario El Día de La Serena en dicha oportunidad.

PÉRDIDAS MILLONARIAS
La advertencia de la autoridad no cayó nada de bien en los empresarios del rubro, quienes vieron peligrar el stock que poseían en los puntos de venta. Y no pudo ser peor, ya que según cálculos de la época, se llegó a perder en algunos casos, casi el 50% de las ventas. Ese, por lo menos fue el caso de Avícola Santa Elvira, una de las tantas inversiones del próspero empresario local Emilio Silva.
A fines de la década del noventa, y con la entrada de nuevos modelos de alimentación, el huevo había pasado a ocupar un lugar importante en las dietas de los chilenos, quienes gracias a las campañas del Gobierno, habían tomado conciencia respecto del consumo sano y alejado de las grasas.
Las ventas por esa época andaban bien y el negocio funcionaba. Es más, muchas de las avícolas habían invertido grandes sumas de dinero con el fin de optimizar los recursos y darle un crecimiento sostenido al sector.
Capacitaciones al personal, modernización de procesos de producción y la adquisición de instrumental de última generación, permitían mirar con cierta seguridad el futuro, pero esta “piedra en el camino” pareció echar por el suelo aquellos esfuerzos.
Fue quizás por esa razón que la respuesta por parte del empresariado fue tan categórica.
Manuel Romero de Avícola Santa Elvira fue uno de los “duros” que se enfrentó públicamente a los representantes del Ministerio de Salud en la región.
“Lamento la posición adoptada por las autoridades porque han perjudicado a los productores”, decía con fuerza en la crónica publicada por Diario El Día el 25 de marzo de 1998.
Y no era para menos si ellos mismos siempre habían colaborado abiertamente en los programas de sanitización de los planteles. Fue también el propio Romero quien no tuvo pelos en la lengua para hacer público el 50% de recorte en las ventas que había existido tras conocerse la aparición de la salmonella en la región.
“Creemos que esta situación es muy mala para la zona, se ha hecho un daño tremendo y no entendemos el proceder de la Seremía”, remataba.

EMPRESARIADO VERSUS SALUD
Uno de los hechos que más llamó la atención fue la equidistancia que guardaron ambos bandos. Casi separados por trincheras en un campo de batalla, durante los primeros tres días cada uno se abanderizaba más con su postura, la que quedaba en evidencia en las publicaciones de la época,
Tras los duros alegatos formulados por el sector privado, el seremi de Salud respondía que no iba a dejar torcer su mano, pues se encontraba en juego la seguridad de los cerca de 300 mil habitantes que por esos años tenía la región.
No obstante, una de las cartas bajo la manga de los avícolas era que ellos mismos habían realizado estudios paralelos los que jamás hallaron la presencia de la salmonella.
“Los estudios en la Cuarta Región han dado todos negativos”, afirmó Manuel Romero.
“Si se empieza a manipular el huevo para hacer una mayonesa y se deja la clara de un día para otro para usarlo en una sopa y no se deja bien refrigerado, eso les va a producir un dolor estomacal. Pero si se hace una buena manipulación de los alimentos no va a pasar nada”, estipuló Alejandro Silva, uno de los propietarios de Santa Elvira.
Casi de manera automática, algunos médicos aseguraron que no necesariamente por un mal manejo del huevo podría haber un contagio con salmonella, ya que otra de las formas de alojamiento que poseía esta bacteria, era a través de la cáscara
“Nuestra empresa tiene métodos higiénicos que hacen muy difícil que la bacteria ingrese por el huevo, de hecho hacemos un análisis exhaustivo de manera periódica”, explicó el por esos años encargado de producción de Santa Elvira, Alejandro Silva.

ENTREGA DE HUEVOS
En 1989, Chile vivió una de las situaciones más complejas de los últimos años del Gobierno Militar, luego que Estados Unidos acusara a nuestro país de enviar uvas envenenadas con una alta dosis de cianuro. Nueva años después, no era el gigante del Norte el que acusaba a empresarios nacionales, sino que eran las propias autoridades.
Durante aquel periodo donde la uva de mesa fue rechazada por Estados Unidos, los productores no tuvieron más remedio que repartirla en los colegios, entidades públicas y hasta en las calles para demostrar, por un lado, que la fruta jamás contuvo cianuro y por otro, para evitar que se perdiera la producción.
Una situación similar ocurrió el 27 de marzo de 1998, apenas tres días después que hubiese comenzado el intercambio de palabras entre las autoridades y los empresarios.
Estos últimos, convencidos que sus planteles estaban ajenos a la salmonella enteritidis, no hallaron mejor “arma” mediática que repetir lo ocurrido en 1989 y regalar huevos y gallinas en el frontis de la intendencia regional en La Serena.
Durante aquella mañana la convocatoria superó todas las expectativas, pues se dieron cita nada menos que 600 personas, quienes -impulsadas por recibir productos gratis- desde temprano hicieron fila en las afueras del edificio de calle Prat.
En total se repartieron casi 80 mil huevos y 300 gallinas las que fueron traídas en quince camiones dispuestos por los mismos productores.
A pesar que durante la entrega hubo escaramuzas por atrapar más de una bandeja, el resultado fue abiertamente favorable para las avícolas porque se legitimaron ante la población.
Con el pasar de los días, poco a poco los consumidores les devolvieron la confianza a los empresarios y volvieron a comer los “desdichados” huevos. Tal como si nada hubiese pasado… si es que ocurrió.

LA ENFERMEDAD
Si la salmonella enteritidis estuviera presente en el aire o en las manos de quien se encuentra preparando la comida, el primer alimento a donde va a ir es el huevo porque es uno de los más ricos en nutrientes y con las condiciones óptimas de desarrollo de esta bacteria. Así también existe la posibilidad que la bacteria se aloje al interior de la cáscara del huevoEn Chile, al igual que el resto de los países de Sudamérica, existe un férreo control fitosanitario en las granjas, las que por obligatoriedad deben tener un veterinario, quien es el responsable de la salud de las aves, el lugar donde se crían y los alimentos que ingieren. Por esta razón, actualmente ha disminuido bastante la probabilidad de tener salmonella.
Entre las recomendaciones que ha hecho patente el Ministerio de Salud a los consumidores es a que adquieran aquellos productos que posean las mínimas condiciones de seguridad. Es decir, envasado, con rotulación, denominación de origen y fecha de vencimiento. Por eso, se debe descartar comprar huevos que no se conozca la procedencia.

Puerto de Coquimbo: La excepción a la regla

A principios de 1997, por las oficinas La Moneda, se veía un ambiente raro. Muchos de los asesores del Presidente Eduardo Frei Ruiz – Tagle se habían volcado a analizar, leer y fijarse hasta en el más mínimo detalle que contendría uno de los proyectos de ley que pasaría a ser uno de los bastiones de la administración del actual mandamás del Senado.
Y es que junto con la privatización de las sanitarias, “el mandatario viajero” haría otro guiño a los empresarios al presentar al Parlamento la Ley 19.542 que modernizaba los puertos de Chile. La otrora Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) pasaba al olvido y delegaba administración y políticas de crecimiento a diez empresas estatales que deberían velar por el avance del comercio exterior, abriendo, además, espacio a la vereda particular.
“La prestación de los servicios de estiba, desestiba, transferencia de la carga desde el puerto a la nave y viceversa, y el porteo en los recintos portuarios, comprendidos dentro del objeto de las empresas, deberá ser realizada por particulares debidamente habilitados”, rezaba el manuscrito presentado por Frei.
El 1 de enero de 1998 entró en vigencia la normativa, lo que precisó cambios relevantes en el manejo de los recursos portuarios. San Antonio fue el terminal que acaparó la atención del grupo Claro, el que dispuso que los sitios 1, 2 y 3 estuvieran operados por San Antonio Terminal Internacional (STI), el que rápidamente despejó los muelles y modernizó los sitios de atraque para convertirse en el puntal de crecimiento.
Prueba de ello fue que el año 2007 logró movilizar 12.500.000 toneladas, superando por lejos a Valparaíso (10 millones).
La capital de la Quinta Región, en tanto, concesionó los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 a la alemana Inversiones Cosmos, perteneciente al grupo naviero Von Appen y Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA). Este consorcio formó una sociedad denominada Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPSV), que comenzó a operar dicho terminal el 1 de enero de 2000.
Así siguieron otros puertos, los que vieron en la moderna infraestructura privada la vía para optimizar los recursos marítimos y aumentar la participación en el concierto internacional.

LA TENSA ESPERA
No obstante, si bien en la formulación de la ley se contemplaba la conformación de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), ésta sólo tuvo injerencia en la autonomía del Estado, ya que no hubo entrada al proceso de concesión.
El terminal de la región se caracteriza por ser de pequeñas dimensiones –sólo dos sitios de atraque- lejos de los 9 que posee San Antonio o los 10 de Valparaíso. No obstante, al ser una zona que se caracteriza por sus exportaciones, los desafíos no son menores. Y si a ello le sumamos la creciente demanda minera y los siempre importantes envíos de fruta, el mejoramiento de la infraestructura se hace irremediable.
El propio gerente general de EPCO, Miguel Zuvic Mujica, lo dejó en claro esta semana, asumiendo que en los próximos días, dos importantes consorcios de carácter mundial llegarán al país para analizar inversiones en San Antonio y Valparaíso.
“Es un hecho que el puerto necesita inversión, especialmente en zonas de atraque y de infraestructura”.
El Estado, a través del Sistema de Empresa Públicas (SEP), ha entendido que no se deben desaprovechar nuevas oportunidades y ya se anunció que antes del primer semestre se va a licitar uno de los sitios con los que cuenta el terminal marítimo de Coquimbo.
Eso sí, la puerta para Ports of America o Hutchinson Port está más cerrada que abierta, pues al ser ambos operadores exigentes, sus ojos apuntan en estos momentos en San Antonio y Valparaíso, cuyas cifras de movilización de carga anual -12.500.000 y 10.000.000 respectivamente, son ampliamente superiores a las 420 mil que posee Coquimbo.
Pero eso no desanima al directorio y al Gobierno, quienes ya han recibido propuestas nacionales para hacerse cargo de un punto estratégico del Norte Chico, que podría sumarse a los dos puertos de la Quinta Región y movilizar más del 80% de la carga a nivel nacional.
“No perdemos la oportunidad de promover las bondades del puerto de Coquimbo, especialmente entre inversionistas interesados en negocios más acotados y sin duda, entre los operadores logísticos nacionales, que tienen la particularidad de ser muy relevantes en el ámbito internacional”, manifestó Andrés Rengifo, director de Empresas Portuarias del SEP.

“LA RESPUESTA ES NO”
Una de las leyes del libre mercado es que el Estado tenga una participación mínima en lo que se refiere a la oferta y demanda, además de la regulación de precios. Así lo entendió Frei, quien dejó un flanco abierto para consorcios que han permitido situar a Chile como un referente del comercio internacional.
No obstante, y más allá de cualquier sentimiento socialista hay un sector que se opone tenazmente a que se “entregue” parte de este lucrativo negocio a manos privadas.
El sindicato de Trabajadores Marítimos de la Empresa Portuaria de Coquimbo, desde la promulgación de la ley, ha sido una de las instancias que más críticamente ha visto el panorama de la modernización.
Si bien reconocen que gran parte del desarrollo que han alcanzado otros terminales se debe a la injerencia particular, no están dispuestos a regalar ese espacio “público”.
El presidente de la entidad, Patricio Contreras y quien hoy es vicepresidente de la Federación Nacional, viajó esta semana a Valparaíso para reunirse con parlamentarios y actores del sector, con el objetivo de fortalecer una nueva ley de puertos.
Al consultársele si están dispuestos a dejarse torcer el brazo, la respuesta es categórica. “No nos parece adecuado que haya una licitación ahora. El Estado tiene un superávit de US$32 mil millones, por lo que hay que hacer es potenciar el comercio de Chile con el extranjero desde el ámbito público. En diez años ningún privado ha invertido en infraestructura. Por tanto la respuesta es no a la licitación”, señaló Contreras.
Juan Pastén, también directivo sindical, agregó que cuando las concesiones son a veinte años, “el privado sólo al año 19 comienza a invertir en superficie para que le renueven la licitación”.
En todo caso, el gremio no sólo critica, pues una de las soluciones que han dispuesto para evitar la privatización, es edificación de un dolphin, una estructura similar a una bita -poste de concreto que asegura el ancla de la embarcación- el que se colocaría 55 metros al norte, ganando así un espacio y generando nuevas oportunidades de atraque, especialmente en el verano, donde se concreta la llegada de cruceros y buques de carga.
“Su costo no es tan alto, $400 millones, y ganaríamos terreno al mar por cinco años que es el periodo de su vida útil, además, que su construcción sólo demora cuatro meses. Es cosa de ver las experiencias que hay en los puertos de Punta Arenas y Chacabuco”, explicó Patricio Contreras.

SÓLO TRES MESES
Si uno se fija en el área aledaña a las instalaciones portuarias de Coquimbo, se da cuenta que existe un grupo de treinta personas que se reúne de 11 a 14 horas a conversar. A simple vista parecen cesantes. Y según sus declaraciones lo son, porque su fuente laboral se remite a 75 días en el año. Son los portuarios eventuales, o sea, aquellos que prestan servicios determinados de carga y descarga.
En la comuna son algo más de 500 miembros, quienes ente marzo y noviembre deben dedicarse a la carpintería, gasfitería, venta de ropa o a cualquier pololito que les llegue.
“Este puerto es estacionario, acá se trabaja sólo tres meses, el resto del año debemos sobrevivir con labores esporádicas”, señala Nelson Santander, timonel del sindicato de Estibadores.
Con una labia que lo caracteriza, prosigue e insiste en la postura, que el resto de sus compañeros escucha atentamente: “Nosotros estamos por la licitación, no tenemos sueldo y estamos esperando que llegue un barco”.
De acuerdo a las experiencias que se han recabado en otros puertos concesionados, quienes más han sufrido por no cumplir con el perfil laboral de los exigentes operadores privados, han sido precisamente los eventuales. Entonces ¿cómo se explica esa postura?
Juan Pastén de EPCO, aseveró que existe desinformación en sus colegas, lo que los lleva a pensar que teniendo un terminal monoperado se lograrán mayores fuentes de trabajo. “Cuando lleguen los privados se tecnificará fuertemente el sistema de trabajo en el puerto, lo que hará perder muchas fuentes de empleo”, advirtió.
Eso sí, Luis Cortés, tesorero de sindicato de Estibadores, cree que habrá una mejora en los sueldos y deposita una férrea confianza en el empresarios, pues “no nos van a dejar botados y se van a hacer cargo de nosotros”, acota con una confianza única.
Pataletas más, pataletas menos, lo cierto es que el Sistema de Empresas Públicas (SEP) tiene la última palabra y en los próximos meses hará oficial las bases de licitación de los sitios de Espigón de San Antonio y Valparaíso y de uno de los dos sitios que posee Coquimbo. Con el pasar de los años, la entrada de un privado se hace inminente y las ganas de mantener al terminal regional como un bastión estatal comienzan a difuminarse.

NUEVAS INVERSIONES
Debido al interés que crea en las empresas que se dedican al rubro portuario el terminal de Coquimbo, la Corfo destinó US$700 mil del Fondo de Inversión a la Competitividad (FIC), para la realización de un estudio de preinversión, el que tiene un cariz independiente del proceso de licitación que lleva adelante el SEP.
Darío Valenzuela, director regional de Corfo, sentenció que en dos meses más habrá resultados concretos acerca de cómo se puede inyectar recursos al terminal.
“Acá conviene que haya más oferentes, pues permite que se asigne competitividad a nuestro puerto. Ya hay varios interesados, aparte de los que desean ser concesionarios. Eso habla bien del potencial del puerto y la región”, dijo.